Un informe determinará si Urbanismo compró a la EMT su sede en 1997 por debajo del precio real

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), presidido por María Tardón, tercera teniente de alcalde y edil de Policía Municipal y Movilidad Urbana, acordó ayer pedir un informe que evalúe si en el convenio por el que la EMT cedió en 1997 un edificio suyo a la Gerencia Municipal de Urbanismo -un inmueble construido en 1950 en la calle de Paraguay, 5, como cochera de los tranvías- se respetó el preceptivo equilibrio económico-financiero. En el acuerdo, suscrito entre el entonces presidente de la EMT, José Ignacio Echeverría, y el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, se valoró el inmueble en 1.930 millones. Ahora, Del Río, segundo teniente de alcalde, ha anunciado que el edificio saldrá a la venta por 17.567 millones.

Esa diferencia de tasación en tan sólo cuatro años ha hecho sospechar al portavoz de IU, Julio Misiego, sobre si el convenio recogió el valor real del inmueble. Del Río, que vende ahora el edificio para comprar dos sedes del BBVA por valor de 18.600 millones, afirma que la diferencia de tasación se debe a la recalificación de los terrenos del inmueble, que fueron recalificados sólo tres meses después de ser comprados. En el solar se pueden construir ahora 32.000 metros cuadrados, de los que 22.000 se destinarán a viviendas caras. Pero esa recalificación ya se conocía cuando se firmó en enero de 1997 el convenio entre Urbanismo y la EMT, según manifestó Tomás Burgaleta, gerente de la EMT.

Tanto Burgaleta como Sigfrido Herráez, concejal de Movilidad Urbana, se mostraron sorprendidos al conocer la tasación que otorga ahora Urbanismo al inmueble. Además, ese organismo se comprometió a entregar a la EMT, como forma de pago, dos parcelas tasadas en 1.926 millones. Pero aún no se ha formalizado esa permuta.

Además de pedir un informe técnico para tasar el inmueble, Tardón se comprometió con los portavoces de la oposición, Misiego y el socialista Eugenio Morales, a convocar un consejo extraordinario para analizar la situación. IU y PSOE han anunciado que denunciarán en los tribunales el incumplimiento del convenio.