El Constitucional levanta la suspensión de la Ley de Aguas de Aragón

El Tribunal Constitucional levantó ayer mediante un auto la suspensión cautelar de la Ley de Aguas de Aragón que había sido recurrida por el Estado en julio de este año. Es la segunda vez que, en el plazo de dos meses, el alto tribunal se pronuncia en favor de las tesis de Aragón en dos litigios similares promovidos por el Gobierno central contra leyes aprobadas por el Parlamento regional. El anterior se refería a la Ley de Ordenamiento del Territorio, y en ambos el Constitucional ha utilizado similares argumentos.

Tanto la Ley de Ordenamiento del Territorio, como la de gestión de Aguas exigen que cualquier actuación del Estado en la región debe ser informada previamente por la comunidad autónoma. Y también en ambos casos, la normativa aragonsesa concede los mismos plazos para responder que se otorga a sí misma la Administración central. Si vencidos esos plazos no se ha pronunciado, se entiende que da su aprobación.

La ley de Aguas de Aragón, aprobada mientras se tramitaba en las Cortes el Plan Hidrológico Nacional, ordena que Aragón debe informar previamente el Plan Hidrológico así como los planes de las cuencas hidrológicas en lo que afecte a su territorio, para lo que se concede un plazo de cuatro y dos meses, respectivamente. Si al cabo de esos plazos no emite un pronunciamiento expreso se considera que tiene carácter favorable, según la disposición adicional séptima de la ley aragonesa.

Esta disposición quedó en suspenso automáticamente en el momento en que el presidente del Gobierno recurrió al alto Tribunal, tal como ordena la Constitución.

El auto de ayer levanta esa suspensión porque no considera que se vaya a producir 'un perjuicio irreparable, ni siquiera en las hipotéticas situaciones de urgencia que argumenta el abogado del Estado'. El Constitucional no se pronunciará hasta dentro de tres o cuatro años sobre la constitucionalidad o no de la ley aragonesa.

Previendo la resolución del auto, el Ministerio de Medio Ambiente ya había tomado la cautela de informar a la Administración de Aragón sobre el proyecto de decreto ley que modificará el Plan Hidrológico del Ebro, para agilizar precisamente obras previstas en el Pacto del Agua de Aragón.

No vinculantes

El vicepresidente de Aragón, José Ángel Biel, del PAR, afirmó que los dos fallos favorables demuestran que la opinión de Aragón debe ser escuchada. 'Es una pequeña patada en la espinilla a los planes del Gobierno de Aznar y estamos satisfechos', dijo. 'Nosotros ya dijimos que intentaríamos frenar el Plan Hidrológico con todos los medios legales a nuestro alcance y ahora podemos poner chinitas a ese plan y retrasarlo. Nuestros informes deben ser escuchados y aunque no son vinculantes formarán parte de un amplio dossier que se adjuntará en los recursos presentados contra el PHN por el Gobierno y las Cortes y la denuncia presentada en Europa'.

El presidente del Ejecutivo aragonés, el socialista Marcelino Iglesias, añadió que el Gobierno [central] debe estar nervioso, tal vez por eso todavía no ha encargado los proyectos del trasvase'.