La Junta sospecha que en el Gobierno 'no hay voluntad' de ceder las políticas de empleo este año

La Junta esperará a que el calendario de la bienvenida en 2002 para cambiar el tono de sus reclamaciones al Gobierno central sobre el traspaso de las políticas activas de empleo que ambas administraciones negocian desde hace cinco años. 'No se va adoptar ninguna medida hasta principios del próximo año', aseguró la portavoz del Gobierno andaluz, Montserrat Badía, quien no tuvo empacho en aventurar cuál será el desenlace: 'Nos tememos que en el Gobierno central no hay voluntad de cumplir la petición de la Junta, dado lo avanzado de las fechas y la pasividad que ha demostrado'.

El último encuentro entre el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías y el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, celebrado hace dos semanas, no supuso avance alguno en el traspaso de las políticas activas de empleo, que permitirían al Gobierno andaluz gestionar unos 70.000 millones anuales para fomentar la creación de puestos de trabajo. El Gobierno esgrime que hay 'problemas técnicos', extremo que la Junta niega. Según la Consejería de Empleo, el acuerdo (1.627 funcionarios, 90 oficinas y 8.000 millones de coste de la transferencia) está cerrado desde primavera y sólo se esperó a pactar el modelo de financiación autonómica, acuerdo que firmaron 15 autonomías y el Ejecutivo en julio pasado.

Badía informó de que Zarrías mantiene contactos con el Ministerio de Administraciones Públicas con la intención de reanudar las reuniones para analizar traspasos pendientes, pero admitió que aún no se ha cerrado ninguna fecha.

'Está claro que detrás de todo esto hay una intención política de no transferir estas competencias', dijo la portavoz del Gobierno andaluz, quien indicó que el 'deseo' de la Junta 'sería no tener que tomar ninguna medida' contra el Ejecutivo central. El PSOE ya anunció que en caso de que el traspaso no se hiciera efectivo en enero, iniciaría una campaña de movilizaciones 'en la calle' para reivindicar esta medida.

El portavoz de IU en el Parlamento Andaluz, Antonio Romero, se sumó ayer a la posibilidad de convocar movilizaciones por el retraso en la transferencia de las políticas activas de empleo. Romero indicó que este retraso denota una actitud 'incomprensiblemente antiandaluza'. 'Son transferencias que ya tienen muchas comunidades ', subrayó.

El portavoz parlamentario de IU declaró que su formación está dispuesta a esperar hasta finales de enero de 2002. 'Si en este plazo no se ha producido la transferencia', dijo, 'instaremos a nuestro coordinador regional, Diego Valderas, a que envíe cartas al PSOE, al PA y a los sindicatos para organizar ocho grandes movilizaciones en todas las capitales andaluzas y una gran manifestación regional'. Romero señaló que en el caso de Andalucía, estos fondos son 'especialmente necesarios, dada la enorme urgencia que tenemos de fomentar el empleo de calidad'.

En este sentido, Romero pidió también a la Junta que ponga en marcha una campaña para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados del sector turístico. 'En este sector', explicó, 'abunda el contrato precario y la falta de cualificación, que son necesarias para ofrecer un producto de calidad'.