¿Del pacto a la imposición?

Mercado laboral, universidad, impuestos sobre la gasolina... Parece que estamos llegando a una encrucijada en la que hay que decidir qué sendero queremos seguir. El del diálogo, difícil pero democrático o el de la imposición, rápido y viable con mayoría parlamentaria, pero menos democrático.

Parece que la sociedad no está admitiendo fácilmente las actitudes prepotentes del Gobierno. En el marco laboral, la oposición de sindicatos y patronal al proyecto gubernamental de reforma de la negociación colectiva, la amenaza de movilizaciones de los sindicatos y la urgencia de conseguir un marco laboral lo más estable posible ante las incertidumbres políticas y económicas que enturbian el horizonte han inducido al Gobierno a aparcar su reforma.

Se ha evitado por el momento la ruptura del diálogo social sobre la actualización del sistema de negociación colectiva. A cambio, está el compromiso de los agentes sociales de establecer un acuerdo interconfederal respecto a las condiciones de trabajo (incrementos salariales, fundamentalmente) para el año 2002, como marco de referencia de los distintos convenios colectivos. Los escenarios económicos y políticos (internacionales, europeos, del país) no son los más favorables para conseguir mejoras laborables sustanciales. Pero el sistema de negociación colectiva vigente ofrece vías de negociación para evitar que se agudicen los desequilibrios en el poder negociador de empresarios y trabajadores.

No obstante, la partida no ha finalizado. Simplemente se ha pospuesto. Todo hace suponer que tan pronto haya finalizado la negociación de los convenios, se abrirá de nuevo el juego. Cuanto antes, ya que al Gobierno le interesa introducir sus reformas del marco legal en el momento más alejado posible del próximo periodo electoral, especialmente si abre el juego donde lo ha dejado. Es decir, si ante la previsible persistencia de los desacuerdos entre las tres partes implicadas (patronal, sindicatos, Gobierno) decide utilizar su mayoría parlamentaria para imponer su proyecto.

La apertura de este periodo de espera permite iniciar una nueva etapa de reflexión y debate sobre la puesta al día de la negociación colectiva y aunar fuerzas para evitar la imposición del proyecto gubernamental, que durante algunos viernes mantuvo en vilo a quienes la información sobre su contenido había desvelado la trascendencia de su posible aprobación por parte del Consejo de ministros. Trascendencia porque supondría: 1) una rotura en el diálogo social, 2) una progresiva reducción del papel y del poder negociador de los sindicatos, 3) anular prácticamente la posibilidad de crear espacios sociolaborales propios, tal como se intenta en Cataluña y 4) avanzar de forma sustantiva en el ya iniciado recorrido hacia una sociedad con unos rasgos neoliberales cada vez más notorios.

A nuestro atractivo, pero complejo y aún demasiado joven y poco desarrollado Estado de Bienestar, le está siendo cada vez más difícil resistir los embates del modelo neoliberal poco favorable para la mayoría, pero simple y potente económicamente.

¿Y por qué es atractivo el Estado de Bienestar para los europeos desde 1945 y también para nosotros desde 1977? Porque pretende construir una sociedad cada vez más libre, justa y democrática y, a pesar de los pesares de algunos, ha conseguido avances no despreciables en este sentido.

Crecimiento económico sostenido y sostenible, mayor y mejor oferta para todos de educación, sanidad, vivienda, transportes, prestaciones sociales, mejor distribución de la renta, mayor y mejor cooperación con los países pobres son algunos de los principales retos que prevé este modelo. Reconoce el conflicto de intereses en nuestras sociedades y el predominio de la ley del más fuerte. Opta por la regulación de los mercados para tratar de establecer un mayor equilibrio entre las disparidades respecto a los intereses y el poder de las fuerzas concurrentes. Y establecer cauces para el diálogo y la negociación constituye uno de los elementos clave de esta normativa.

La historia ha evidenciado que si se dejan actuar libremente a las fuerzas del mercado aumentan los desequilibrios económicos y las desigualdades sociales y se producen pérdidas de libertad. En el mercado de trabajo, por ejemplo, empeoran las condiciones de trabajo dada la mayor fuerza del empleador. Sólo con la presión sindical y las normativas reguladoras acordadas para equilibrar el distinto poder negociador de empresarios y trabajadores se han conseguido establecer relaciones laborables que han logrado, a la vez, desarrollo económico y avances en el bienestar de la mayoría de trabajadores y de sus familias. Sindicatos representativos, negociación colectiva, concertación social han sido y son algunos de los elementos indispensables para conseguir mayores y mejores equilibrios en el mercado de trabajo.

En España disponemos de normativas reguladoras. La Constitución establece la libertad de sindicación como un derecho fundamental, y la negociación colectiva como un derecho de la actividad sindical con fuerza vinculante en los convenios. Articulado que forma parte de los eslabones diseñados en dicho documento para construir una sociedad del bienestar.

Si bien debe limpiarse el sendero de basuras y corrupciones, quizá no es menos importante pensar si seguimos y queremos seguir en el sendero iniciado. La reforma de la negociación colectiva (o de la Universidad) no es sólo un problema sindical (o de la comunidad universitaria), es un problema de todos. Y puede ser nuestro grano de arena, ya que la asunción de los valores y de los objetivos propios de las democracias que persiguen el bienestar social se está revelando como la mejor y quizá única arma capaz de atajar los problemas que están convirtiendo nuestro aún bello mundo en un polvorín.

Carme Massana profesora de Política Económica en la UB.