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ANÁLISIS | NACIONAL
Columna
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La furia del converso

EL 23º ANIVERSARIO de la Constitución Española (CE) ha sido aprovechado por Aznar tanto para reiterar su voluntad de no modificar ni una sola coma de su texto como para acusar de simbólico crimen de lesa patria a quienes propugnen cualquier reforma. Pese al determinante papel del PSOE en el proceso constituyente, las inquisitoriales denuncias de deslealtad lanzadas por el presidente del Gobierno se dirigen de manera preferente contra las propuestas socialistas de modificar el artículo 69 de la CE, cuello de botella que impide transformar al hoy inútil Senado en una verdadera Cámara de representación territorial.

Ese debate, sin embargo, no es sólo político o ideológico sino también -y sobre todo- técnico-jurídico. Los expertos en derecho constitucional vienen discutiendo desde hace tiempo las ventajas y los inconvenientes de una reforma constitucional que permitiera regular eficazmente el funcionamiento del Estado de las Autonomías tras veinte años de experiencia: sirva de ejemplo el reciente artículo 'Constitución y Reforma' (Claves de Razón Práctica, nº 115) del catedrático Pedro Cruz Villalón, que mostró su elevado nivel de competencia, imparcialidad y discreción mientras fue presidente del Tribunal Constitucional.

El partido del Gobierno defiende ahora la intangibilidad de la Constitución, cuyo texto aceptó a regañadientes en 1978 y pretendió reformar de inmediato, con el propósito de patrimonializar sus valores

La insistencia del Gobierno en presentarse como el paladín preventivo de la intangibilidad de la Constitución es, por lo pronto, superflua. Cualquier reforma tendrá que ser consensuada -cuando menos- por el PP y el PSOE: los 2/3 o los 3/5 de las cámaras exigidos por la CE para la revisión de su articulado necesitarían los votos de los diputados y senadores populares y socialistas si llegara a plantearse esa posibilidad. Además, la virginidad de la norma de 1978 es una leyenda piadosa: su artículo 13.2 fue modificado en 1992 con los votos del PP. ¿Por qué, entonces, ese aferramiento a la sacralidad de un texto que exigirá antes o después reformas, aunque sólo sea por haber sido aprobado cuando España no pertenecía a la UE?

Así como los conversos a una nueva religión se distinguen por defender con especial furia sus dogmas, la vieja guardia del PP (a la que pertece Aznar) está tratando ahora de ocultar su descreimiento de la etapa constituyente. De los 16 diputados del grupo parlamentario de Alianza Popular (la marca de fábrica del PP hasta 1989) elegidos para las primeras Cortes democráticas, 8 se pronunciaron a favor de la CE en el histórico pleno del 31 de octubre de 1978, 5 votaron en contra y otros 3 se abstuvieron. La división entre los populares se reprodujo en el referéndum del 6 de diciembre: la Junta Directiva de AP manifestó a finales de octubre su respeto por la libertad de conciencia de sus afiliados y simpatizantes. José María Aznar, por entonces inspector de Hacienda en Logroño y militante de AP, justificó de forma retrospectiva (La Nueva Rioja, 23 de febrero de 1979) la 'abstención beligerante' en el referéndum constitucional.

El presidente de AP (hoy presidente fundador del PP), Manuel Fraga, lamentó en su última intervención parlamentaria sobre la Constitución -pese a haber formado parte de su ponencia - que 'las luces' del texto hubiesen quedado 'ensombrecidas' por 'graves peligros para la unidad nacional', el 'vacío religioso y moral', 'las dudas y fallos en el modelo económico y social' y el sistema electoral de representación proporcional. Durante la campaña electoral de 1979, AP propugnó de manera coherente la reforma constitucional 'por los medios adecuados' de los artículos contaminados.

La izquierda española, derrotada en la guerra civil y perseguida durante la dictadura, hizo suyos los valores y las instituciones de la democracia representativa en la transición. También terminó por dar ese paso la derecha de origen franquista: para justificar esa mutación, sin embargo, no necesita falsificar la historia ni patrimonializar una Constitución que aceptó en 1978 a regañadientes con el propósito inmediato de reformarla.

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