El atasco afecta a 200.000 solicitudes de regularización

El proceso de regularización de extranjeros por arraigo está atascado. Cuatro meses después de cerrarse el plazo de admisión de solicitudes, sólo han sido resueltas 96.268 sobre un total de 324.000 presentadas. De ellas, entre 80.000 y 100.000 corresponden a colombianos.

La presentación de expedientes de regularización por arraigo terminó el pasado 1 de agosto. De este proceso podían beneficiarse los ciudadanos no comunitarios que se encontraran en España desde antes del 23 de enero de este año y tuvieran una oferta de trabajo.

A finales del verano, el delegado para la Extranjería declaró que la revisión de los expedientes estaría lista antes de fin de año. Poco después rectificó y retrasó la finalización del proceso hasta febrero de 2002. En los últimos días ha fijado una nueva fecha: el mes de abril. Incluso ese plazo es considerado optimista por los sindicatos y las ONG, que opinan que se dilatará hasta comienzos del verano.

El atasco de expedientes es monumental en las oficinas de extranjería de toda España. En Madrid el trabajo está centralizado en la comisaría de Ciudad Lineal. Ante el desbordamiento que sufre, las autoridades se han visto obligadas a diseñar un plan de choque: más personal y más comisarías se dedicarán a tramitar los documentos, informa Jesús Duva.

En pie durante un año

Por mucha prisa que se den los funcionarios, es difícil que las ofertas de trabajo que en su día presentaron los aspirantes a la regularización sigan vigentes cuando sea que termine el proceso. Así opina Antonio Ventura, portavoz de la asociación de inmigrantes colombianos AESCO: 'Ningún empresario va a mantener en pie una oferta de trabajo durante un año, desde agosto de 2001 hasta junio de 2002'.

Lo mismo piensan Paloma López, responsable de política social del sindicato Comisiones Obreras, y miembros de otras organizaciones de apoyo a los inmigrantes. El delegado para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, no está de acuerdo: '¡Poco solvente debe ser una oferta de empleo que desaparece en tres o cuatro meses!', declaró a este periódico. 'Se tratará entonces de ofertas falsas. Esa picaresca existe', afirmó.

Ventura cree que las personas que pierdan sus ofertas debido al retraso de la Administración se verán abocadas a trabajar en la economía sumergida.

Y advierte: 'No será extraño que se produzcan movilizaciones. Tampoco es descartable la presentación de demandas colectivas contra el Estado, porque a esas personas se les estará negando el derecho al trabajo'.