El déficit cero, sobre ruedas

El 10 de octubre apareció en estas páginas el artículo Malas noticias para los contribuyentes, para el que no estaba prevista una segunda parte. Pero, como postula la ley de Murphy, lo que puede empeorar, empeorará, y han llegado nuevos aumentos de impuestos. Estos cambios en la fiscalidad se añaden a los que, por estar en los presupuestos, ya se conocían semanas atrás.

Recapitulemos. Teníamos algunas rebajas de impuestos. Así, las empresas medianas y grandes se benefician de medidas como la disminución de la tributación por sus plusvalías o una reducción limitada del impuesto de sociedades. Además, los contribuyentes mayores de 60 años que ahorran más de tres millones de pesetas al año también obtienen rebajas fiscales. Aunque el Gobierno no ha ofrecido una evaluación económica de este conjunto de medidas, la reducción en la recaudación fiscal no será inferior a 100.000 millones de pesetas. Por otra parte, la tasa de las empresas de telefonía móvil de tercera generación (UMTS) se ha rebajado en 89.418 millones. Nadie ha afirmado que los ingresos perdidos por Hacienda se han sustraído de la financiación de la sanidad. Pero, de hecho, sin estas rebajas habría más recursos para servicios como la sanidad.

Convergència i Unió ha servido en bandeja al Partido Popular un aumento de impuestos

Hace semanas sabíamos también que se aumentaban algunos impuestos. Por ejemplo, el IVA de las autopistas, el butano y los ciclomotores salta del 7% al 16%. O el aumento del IRPF porque, un año más, no se actualizan sus elementos básicos por la inflación. Ahora se unen al club de los aumentos los impuestos sobre el tabaco, el alcohol y los combustibles. Esto ha producido sorpresa y también malestar, porque la repercusión sobre los contribuyentes será fuerte. Especialmente la del nuevo impuesto estatal sobre los carburantes de cuatro pesetas por litro, con la posibilidad de un recargo autonómico de 1,66 pesetas en 2002, ampliable hasta cuatro pesetas en 2004. Los gobiernos central y catalán defienden la medida con el siguiente argumento: las cuatro pesetas más por litro aumentarán la financiación autonómica y servirán para financiar la sanidad. Esta frase, corta como es, contiene dos falsedades y una excusa. Veámoslas.

El nuevo impuesto estatal no aumentará el precio en cuatro pesetas por litro, sino en 4,64. La razón es simple: al impuesto especial de hidrocarburos se le carga el IVA del 16%, y al nuevo impuesto también, dada la regulación vigente del IVA. De hecho, en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera alguna comunidad planteó la cuestión al Gobierno, con respuesta afirmativa. Igual sucedería si hubiese recargo autonómico, al que habría que añadir su IVA, hasta 1,93 pesetas. En suma, el litro de combustible subiría 6,6 pesetas en total. Y puestos en el recargo autonómico, notemos una paradoja: si el Gobierno catalán lo establece, de cada 100 pesetas de más que paguemos 14 serán por IVA del recargo. De estas 14 pesetas, nueve irán a la Hacienda central, pues a ella corresponde el 65% del IVA.

El nuevo impuesto estatal no aumentará la financiación de las comunidades autónomas (CC AA). Éstas y el Gobierno central acordaron en julio un aumento global de financiación. A partir de este acuerdo se diseñó el esquema de reparto de impuestos, con un elemento de cierre -el Fondo de Suficiencia- que completa la financiación estatal a las CC AA. Ahora sostiene el Gobierno que le faltan 100.000 millones para honrar aquel acuerdo. De ahí el nuevo impuesto estatal, cuyo rendimiento previsto (sin contar el IVA) es de 126.000 millones: lo transfiere a las autonomías... y resta esta cantidad del Fondo de Suficiencia. Un negocio redondo para el Gobiernocentral, que ahorra sus recursos mientras que las CC AA no reciben más de lo pactado en julio. Procede recordar que al consejero Homs se le había dicho que una parte de los nuevos recursos, unos 20.000 millones, no estaba garantizada. Ahora ya lo está: los catalanes aportaremos estos recursos mediante el nuevo impuesto estatal sobre carburantes.

Ahora la excusa: aducir que el nuevo impuesto va a financiar la Sanidad tan sólo es una coartada: al mismo fin podrían haber ido los ingresos fiscales perdidos por las rebajas aprobadas por el PP y CiU. La sanidad se financia básicamente con los ingresos de carácter general y más progresivos, como el IRPF y el impuesto de sociedades. Y a fuerza de rebajarlos, se acaba engendrando esperpentos como el nuevo impuesto, que se escuda en la sanidad para parecer políticamente correcto. Ésta ha sido la gran aportación del Gobierno catalán a la negociación de la financiación autonómica.

Realmente, el papel de CiU en todo este proceso ha sido paradójico. Señaló Homs hace unos meses que la mayoría absoluta del PP facilitaba la negociación, porque nadie podría denunciar chantajes. Fue una forma muy sutil de hacer de la necesidad virtud. Pero no hacía falta llevar las cosas tan lejos. Al final, CiU ha servido en bandeja al PP un aumento de impuestos, sólo por no reconocer que el Gobierno central no aporta una parte de los recursos que había pactado.

En algún momento, ahora o más tarde, se discutirá en el Parlament si hay o no recargo autonómico. De haberlo, ya hemos señalado que una parte de este aumento de impuestos irá a la Hacienda central. Si el Gobierno catalán quiere aumentar los impuestos para compensar su deficiente gestión y su mala negociación, ¿es mucho pedir que lo haga de forma que el aumento se quede íntegramente en Cataluña?

Germà Bel es profesor de Política Económica de la UB y diputado del PSC.