Los policías que custodiaban al agente judicial de Marbella que se suicidó declaran ante el juez

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Marbella, José Manuel Rosa Pérez, tomó ayer declaración a los cuatro agentes de la Brigada de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Udyco de la Costa del Sol que custodiaron al agente judicial de Marbella Francisco Calero el día de su suicidio. Los agentes comparecieron ante el magistrado en calidad de testigos en las diligencias previas abiertas a raíz de una denuncia presentada por la familia de Calero para que se investigue su muerte.

Los cuatro policías ratificaron ante el juez el informe que elaboraron en su día sobre la muerte del funcionario el pasado 3 de octubre. El documento recoge detalladamente cómo el agente judicial, detenido como sospechoso de haber participado en el robo de sumarios de los juzgados de Marbella, escapó de la custodia policial durante el registro de su vivienda, subió a la azotea del edificio y se lanzó al vacío.

El juez abrió unas primeras diligencias por la muerte del Francisco Calero, que posteriormente cerró. El coordinador de la Udyco en la provincia de Málaga, Valentín Bahu, y el comisario provincial de Málaga, Florentino Villabona, acompañaron a los policías durante su comparecencia. Bahu calificó la declaración como un 'mero trámite', y confió en el pronto archivo de la causa. 'No es nada anormal, nada preocupante y nada serio', dijo el responsable policial.

Hasta ahora han declarado ante el juez que investiga el suicidio del agente judicial el concejal de Deportes, Tomás Reñones, y varios miembros de su delegación. El magistrado había citado para hoy a Jesús Gil, aunque finalmente su comparecencia ha sido aplazada a petición del propio alcalde. Gil señaló en varias ocasiones que Calero había advertido a Reñones sobre su intención de acabar con su vida.

Por otra parte, el secretario municipal, Leopoldo Barrantes, declaró ayer como imputado en relación con la denuncia presentada por PSOE y PP contra Jesús Gil por su negativa a entregarles copia del anteproyecto de informe del Tribunal de Cuentas, que detectó la existencia de 62.000 millones de pesetas de gastos públicos sin justificar en el Ayuntamiento de Marbella entre los años 1991 a 1999. Gil presentó una enmienda y utilizó su mayoría absoluta para evitar que las alegaciones al documento fuesen debatidas en el pleno convocado por la oposición el 8 de noviembre del pasado año.

Socialistas y populares acusan a Jesús Gil de impedirles el ejercicio de sus derechos políticos. El abogado del PSOE, José Carlos Aguilera, explicó que la citación a Barrantes se debió a que en su momento responsabilizó a Gil de la no entrega de los documentos.

Sin embargo, el abogado municipal, José María del Nido, señaló que el secretario no entregó el anteproyecto ni a la oposición ni al GIL porque se trataba de un expediente inconcluso.