Boliden presenta su propuesta de pagar 17.615 millones a los acreedores

Boliden Apirsa, propietaria de Minas de Aznalcóllar, entregará antes del viernes en el juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) su propuesta de convenio de acreedores con el que hacer frente a sus deudas de 17.615 millones de pesetas con más de 200 suministradores. Fuentes del caso indicaron que el juzgado de primera instancia 3 de Sanlúcar, que tramita la suspensión de pagos, amplió en noviembre el plazo dado a Boliden y rechazó su propuesta inicial, al tener en cuenta la protesta de algunos acreedores de que la empresa pretendía imponer un convenio 'abusivo' gracias a las compañías de su grupo.

Según la Ley de Suspensión de Pagos, la propuesta de convenio de acreedores debe ser apoyada por la mitad más uno de los acreedores y las tres cuartas partes del pasivo, como condición para no celebrar Junta de Acreedores. El juzgado aceptó la petición de la empresa de suspender la Junta de Acreedores, que había sido convocada inicialmente para el pasado 29 de octubre, y negociar por escrito un convenio para el pago de sus deudas, de acuerdo con la posibilidad que ofrece la ley cuando haya más de doscientos acreedores.

Boliden Apirsa, la empresa causante del vertido tóxico en el entorno del Parque de Doñana en abril de 1998, ha dado un listado de notarías de Sevilla o la sede de los interventores judiciales para que los 260 acreedores de la empresa expresen su adhesión a la propuesta de convenio.

La compañía presentó suspensión de pagos el 2 de octubre de 2000 ante las 'enormes pérdidas' que arrastraba y posteriormente anunció el cierre de la mina, y despido de sus 425 trabajadores. Los acreedores reclaman deudas por 17.615 millones de pesetas, en un listado que encabeza la propia división internacional del grupo, que acumula el 60% de las cantidades pendientes de pago.

Entre los acreedores figuran además la Consejería de Medio Ambiente, con 3.473 millones de pesetas pendientes de cobro por las tareas de limpieza del vertido tóxico, y la Agencia Tributaria con 451 millones de pesetas. Varios de los acreedores medianos han remitido escritos al juzgado en los que expresaban su temor a que la mayoría de votos de acreedores con que cuentan las empresas del grupo Boliden imponga un convenio 'abusivo y fraudulento'.