El Consell impulsará mediante una ley específica la difusión del libro

El Gobierno valenciano aprobó en su reunión de ayer el proyecto de ley del libro con el que se pretende potenciar la creación, edición, distribución, venta y difusión del libro y la lectura; así como promocionar y recuperar la producción editorial en valenciano. Según explicó la consejera portavoz, Alicia de Miguel, uno de los objetivos será garantizar la competencia equilibrada en materia de libros entre grandes superficies y librerías.

El proyecto de ley aprobado ayer por el Consell concibe a las librerías como agentes culturales activos y únicos canales capaces de garantizar el acceso de todos los valencianos al libro en condiciones de igualdad. Así, el texto legislativo pretende ordenar el apoyo al sector y garantizar a autores, traductores, diseñadores, editores, distribuidores, libreros y bibliotecarios su participación en las decisiones mediante la creación de un consejo asesor del libro.

Según explicó la consejera portavoz, con esta iniciativa -que se remitirá en breve a las Cortes Valencianas- la Generalitat pondrá en marcha una política de promoción de los autores valencianos, de apoyo a las asociaciones de autores valencianos y colaborará en todas cuantas actuaciones se articulen en torno a la actividad editorial. En el marco de este proyecto de ley, el Consell pretende establecer ayudas específicas para atender la producción de obras en valenciano.

Alicia de Miguel manifestó que una de las iniciativas consistirá en promover la imagen de la libreria como punto esencial de venta de libros y en potenciar su relación con las bibliotecas para garantizar la difusión del libro en toda la Comunidad. En este contexto, la Administración valenciana desarrollará un sistema de bibliotecas escolares para fomentar la lectura entre los más jóvenes.

Recoger el guante

Por otra parte, la portavoz del Ejecutivo valenciano afirmó que en la reunión de ayer se decidió aceptar la toma en consideración de la proposición de ley sobre publicidad institucional presentada por el Grupo Socialista. El Consell decidió recoger el guante de la oposición tras llegar a la conclusión de que resiste la comparación con la actuación de los anteriores gobiernos socialistas.

En su argumentación para aceptar el debate, el Ejecutivo de Eduardo Zaplana, indicó: 'conviene recordar que, durante los 13 años de gobiernos socialistas al frente de la Generalitat, la actividad de la Administración autonómica en materia de publicidad institucional estuvo caracterizada por grandes dosis de discrecionalidad en el reparto de ésta, provocando una situación de permanente y sistemática discriminación'. 'La concentración publicitaria de anteriores gobiernos socialistas pretendió no sólo primar unos medios de comunicación social frente a otros, sino condicionar a través de toda suerte de campañas sus líneas editoriales y de opinión; siendo ésta una estrategia que se intensifica en los años electorales y en los inmediatamente anteriores', según el razonamiento del equipo del presidente de la Generalitat.

Para la portavoz del Consell, las cifras de la OJD, el organismo encargado de controlar la difusión de los medios escritos, muestran que los socialistas favorecieron a los medios afines, 'obviando criterios técnicos de eficacia, audiencia, tirada y presupuesto'.

Para el Gobierno valenciano, la proposición de ley presentada por los socialistas responde a la voluntad de realizar 'una rectificación pública de su conducta, presentando una iniciativa destinada a establecer rigurosas garantías de un tratamiento igualitario a los medios de comunicación social'. Sin embargo, en las razones esgrimidas para aceptar la tramitación parlamentaria de la proposición de ley socialista, el Ejecutivo de Zaplana adelanta ya que el texto presentado tiene 'deficiencias técnicas' que los populares pretenden enmendar durante la discusión en las Cortes Valencianas.

Junto a estas dos iniciativas, el Gobierno valenciano adoptó otras medidas, entre las que destaca el decreto que regula el establecimiento, traslado y transmisión de oficinas de farmacia, que deberán estar a una distancia mínima de 250 metros de la más próxima, así como de cualquier centro sanitario de la Consejería. Este decreto fija, además, superficie mínima de local, características del mismo y condiciones de la titularidad.

Igualmente, el equipo de Eduardo Zaplana aprobó el informe-memoria de la comisión del juego de la Comunidad Valenciana, que indica que el año pasado los valencianos gastaron 508.131 millones de pesetas, lo que representa un 12,1% de lo gastado en el conjunto de España. Los jugadores gastaron más en casinos, bingos y máquinas recreativas (311.606 millones de pesetas) que en loterias y apuestas del Estado (146.156 millones de pesetas) y en el cupón de la ONCE (50.369 millones).

Además, el Consell aprobó otras cuestiones, entre las que destacan distintos convenios con agentes sociales, empresas del Estado y colectivos específicos.