Posada elude comprometerse a ceder las políticas de empleo este año

El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, evitó ayer comprometerse al traspaso a Andalucía de las políticas activas de empleo antes de fin de año, tras alegar la existencia de 'dificultades técnicas', que no detalló. 'Me gustaría que se hiciera cuanto antes, pero sin comprometerme a que sea antes del 1 de enero, porque no sólo depende de mí', dijo Posada, en presencia del consejero de la Presidencia, tras una reunión en el palacio de San Telmo. La respuesta de Gaspar Zarrías sonó a ultimátum: 'Si no se hace efectiva antes de que termine 2001, la Junta se planteará en qué marco de relaciones se mueve'.

Sólo otras tres comunidades (Cantabria, La Rioja y Murcia) no han recibido las transferencias de las políticas activas de empleo, cuantificadas en el caso andaluz en 70.000 millones de pesetas, 1.627 trabajadores y 189 oficinas del Inem. Pese a que el ministro aseguró que impulsaría la negociación, negó que el bloqueo se debiera a problemas políticos, sino a 'dificultades técnicas', que no concretó, aunque aludió a 'valoraciones económicas' y 'oportunidad de los ministerios'.

'No quiero dar una fecha determinada porque no tengo seguridad', dijo Jesús Posada en tres ocasiones, quien, no obstante, proclamó la 'voluntad decidida' del Gobierno para cerrar 'cuanto antes' el nuevo paquete de transferencias. Además de las políticas activas de empleo, la Junta reclama también para antes de fin de año las confederaciones hidrográficas, la asistencia sanitaria y servicios sociales del Instituto Social de la Marina y una docena de competencias menores.

Las de empleo, no obstante, se sitúan en el primer nivel de prioridad de la Junta de Andalucía, tanto por el volumen de recursos que suponen como por las materias que afectan. De cederlas, el Gobierno autónomo gestionaría las oficinas del Inem, las escuelas-taller y centros laborales para colectivos específicos.

En el mismo acto, pero ya sin la presencia del ministro, el consejero de la Presidencia no quiso repetir lo dicho en una comparecencia parlamentaria celebrada el pasado 12 de noviembre. 'El PP quiere seguir mangoneando en el reparto de fondos de las escuelas taller y las casas de oficios', dijo entonces, pero negó las razones 'técnicas' esgrimidas por Posada para justificar la demora en la convocatoria de la comisión mixta de transferencias. 'No hay razones técnicas, jurídicas o económicas para que Andalucía no reciba las competencias que ya se han traspasado al resto de comunidades', afirmó Zarrías, quien insinuó que desde el PP de Andalucía se 'desteje' lo que se acuerda con el Gobierno.

El responsable de la Presidencia, tras confiar en 'la labor mediadora' de Posada, lanzó un ultimátum. Si antes del 31 de diciembre, Andalucía no recibe las citadas transferencias el 'Consejo de Gobierno adoptará las decisiones oportunas'. Se tratan, en cualquier caso, de medidas políticas que pasan por un endurecimiento de las relaciones con el Ejecutivo de Aznar, después de que la Junta haya mantenido desde hace más de un año, concretamente desde la última entrevista entre José María Aznar y Manuel Chaves el 24 de mayo de 2000, un actitud más proclive a la negociación.

Es cierto que esta disposición estaba apremiada no sólo por circunstancias políticas -la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la secretaría general del PSOEl-, sino también de índole financiera, al estar la Junta al borde de la asfixia tras cino años al margen del sistema de financiación autonómica.

El consejero de la Presidencia citó expresamente las políticas de empleo como 'punto de inflexión' en las relaciones con el Ejecutivo del PP y una 'fecha de caducidad', la del 31 de diciembre.