La nueva ley y la última fuga obligan a replantear los centros de menores

Sobre la mesa del despacho de Juan Francisco de Dios, el director territorial de Diagrama, la fundación que gestiona la mayoría de los centros de internamiento de menores de Andalucía, hay una fotografía de tres jóvenes con actitud entre chulesca y desafiante. Cuando en enero de 2001 entró en vigor la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (LORPM), la Junta estimó que debía prepararse para atender a entre 8.000 y 10.000 jóvenes que se iban a ver afectados por la nueva norma.

Los de la foto son tres de ellos, como podían haber sido otros tres cualquiera. Cometieron un delito y cumplieron su internamiento. Uno trabaja en un supermercado que regenta su familia, otro se enroló en el ejército profesional y está destinado en El Ferrol y el tercero volvió a delinquir y vive en un centro en régimen semiabierto. Dos éxitos y un resbalón, un balance que para unos es satisfactorio y para otros no tanto, pero que según el director de Diagrama en Andalucía avala y justifica con creces la labor de estos centros, que algunos han cuestionado en los últimos días tras la fuga de 18 internos de Los Alcores, en Carmona (Sevilla), uno de los que gestiona esta fundación.

Con la nueva ley, la administración autonómica tiene que hacerse cargo de los infractores de entre 14 y 21 años y en los centros de internamiento pueden estar incluso hasta los 23 antes de pasar a la cárcel. Antes de la LORPM, el sistema de reforma de la comunidad abarcaba sólo a los menores de 16. Según Juan Francisco de Dios, la entrada en vigor de la ley ha supuesto una 'avalancha' de nuevos internamientos y ha obligado a 'modificar todos los planteamientos educativos'. 'No es lo mismo trabajar con chavales de 14 años que de 22', subraya. Según las previsiones de la Consejería de Asuntos Sociales, para asumir adecuadamente la ejecución de estas medidas, Andalucía tenía que dotarse de 47 nuevos centros, entre cerrados (3), semiabiertos (5), abiertos (2), terapéuticos (4), de día (11), de medio abierto (18) y especiales de protección (4). Además, de nuevos servicios como programas de reinserción social, abogados de oficio y equipos técnicos de apoyo a los jueces y fiscales de Menores. En total, para el primer año de puesta en marcha de la LORPM, hay que invertir 13.850 millones de pesetas.

Una de las medidas que más han afectado al día a día de estos centros es que los jóvenes que tenían entre 16 y 20 años cuando cometieron el delito y que, hasta ahora, estaban cumpliendo condena en un centro penitenciario, pasan ahora a uno de internamiento. 'Vienen con la vida aprendida de la cárcel', señala De Dios, 'y su dinámica no es la de la educación y la resocialización, sino la de la represión y la contención'. En la cárcel, añade el director de Diagrama, el personal va por un lado y los internos por otro; en los centros de internamiento de menores van todos juntos, 'desde el joven al cocinero y el educador'.

Un día normal, los jóvenes se levantan a las 8.30, arreglan su habitación, se duchan y desayunan. Después acuden a clase. En los centros cerrados, los internos reciben allí mismo formación básica de alfabetización, primaria o ESA (enseñanza secundaria a distancia); en los semiabiertos y abiertos, algunos jóvenes van a colegios o institutos. Comen sobre las 14.00 y después dedican unas horas a estudiar o a alguno de los talleres profesionales, donde pueden aprender desde jardinería e informática a peluquería y albañilería. Luego, un poco de deporte, sobre todo, fútbol y sesión de gimnasio. En el centro cerrado La Jara, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), tienen incluso caballos para practicar equitación y en Los Alcores los jóvenes están construyendo un frontón. Tras el deporte, una ducha, la cena y un rato de tiempo libre antes de acostarse, sobre las 22.30.

Diagrama gestiona seis centros en Andalucía, cinco masculinos y uno femenino. En algunos conviven internos en régimen cerrado -que desarrollan todas las actividades en el centro- con otros en semiabierto -viven en el centro, pero realizan fuera algunas actividades-. Para cualquier salida, los jóvenes de uno y otro régimen necesitan autorización judicial. La seguridad, uno de los temas que más se ha cuestionado tras la fuga de Los Alcores, no depende tanto del régimen de los internos como de la estructura del edificio. De Dios tiene claro que estos centros 'no pueden convertirse en una cárcel' y la vigilancia debe ser 'la mínima que garantice el orden'. 'Al principio los límites los marca un muro de cinco metros, después, las propias relaciones que el chaval establece dentro', argumenta el director. 'No se puede poner una garita con vigilante en cada esquina ni una alarma sobre cada puerta. Eso es represión, no afecto', añade.

Fuga normal

Para de Dios, las fugas de los menores son, incluso, 'parte del proceso resocializador'. Cuando están de permiso, recuerda el director, los jóvenes van a sus casas, a veces se quedan solos, 'y vuelven en más del 90% de los casos'. De Dios no ve mal la posibilidad de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado vigile los alrededores de estos edificios, 'pero para que no haya intrusiones, no para evitar las fugas'. La idea es que llegue un momento en el que el joven diga: 'no me quiero ir', asegura el director.

De Dios cuenta que muchos de los internos le cuestionan: '¿Por qué voy a dejar de robar? Si yo en una semana dando palos saco más dinero que tú en seis meses trabajando'. Para algunos de estos jóvenes, cometer un pequeño atraco no es sólo una cuestión económica, 'sino un subidón'. Con el delito, según el director de Diagrama, compensan todo su sufrimiento, el resentimiento por lo que les toca vivir a muchos de ellos. 'Nosotros tenemos que desmontar eso y hacerles ver el valor de la libertad, de vivir de tu trabajo, de las relaciones sociales', asegura.

[De los 18 jóvenes que se fugaron el lunes pasado de Los Alcores, 11 aún no han sido localizados]