Los imputados por tráfico de influencias y prevaricación en el 'caso Algorfa' niegan las acusaciones

Tras prestar ayer declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Orihuela durante más de seis horas, el alcalde de Algorfa (La Vega Baja), Antonio Lorenzo, del PP, el promotor Antonio Pedrera y el abogado de éste, Rafael Martínez Campillo, sostienen que 'ha quedado claro que no hay responsabilidad penal alguna en el caso'. La juez les citó como imputados por los supuestos delitos de tráfico de influencias, contra la odenación del territorio, prevaricación y coacciones derivados de la construcción de un campo de golf en suelo no urbanizable que el Ayuntamiento pretende recalificar para levantar una macrourbanización sobre tres millones de metros cuadrados.

Mientras el alcalde declaró a la juez que se basó en todo momento en los informes de los técnicos municipales, el promotor y su abogado recalcaron que la jurisdicción para abordar el caso no es la penal, sino la administrativa. En el interrogatorio participó el fiscal de delitos ecológicos de la Audiencia de Alicante, Ricard Cabedo. La representación legal del denunciante -el propietario de la fica Los Altos de Algorfa, afectado por el intento de recalificación- trasladó una versión distinta. A su entender, la declaración de los imputados, que 'han echado balones fuera', abre muchas vías de investigación. En el momento procesal en el que se encuentra el caso aún quedan diligencias que practicar: un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la declaración de los testigos.

El Ayuntamiento de Algorfa inició la recalificación como suelo urbanizable de los terrenos del promotor Antonio Pedrera en julio de 1998, incluyéndolos en un primitivo expediente de homologación de las normas subsidiarias de su planeamiento. Este expediente afectaba únicamente a una finca, Los Altos de Algorfa, propiedad del promotor de la denuncia contra el alcalde, pero luego se amplió a los terrenos de Pedrera, donde hay en proyecto una macrourbanización.

La vía administrativa también ha actuado en el caso con la apertura de un expediente en la Consejería de Urbanismo.