La policía detiene en un autobús cerca de Mengíbar a uno de los menores fugados

La policía detuvo en la madrugada de ayer en Mengíbar (Jaén) a otro de los 18 menores que se fugaron el pasado martes de un centro de reforma en Carmona. J. M. F. F., de 16 años, viajaba a bordo de un autobús en dirección a la citada localidad jiennense en donde, según fuentes policiales, vive una de sus abuelas. Con esta detención, oficialmente aún son 11 los jóvenes que permanecen huidos. Por otro lado, la Junta y la Delegación del Gobierno han acordado reforzar la vigilancia policial del exterior de estos centros.

Los agentes de una patrulla reconocieron al menor mientras éste esperaba sentado en la estación de autobuses de la capital. J. M. F. F. tiene una amplia ficha policial por su relación con numerosos delitos, por lo que su rostro es de sobras conocido para los agentes de la capital. Tras identificar al huido, la Guardia Civil, encargada de la investigación, y la policía diseñaron un operativo para detenerlo. Así, se ordenó parar el autobús en el que este chico viajaba con destino a Mengíbar y el menor fue apresado, según aseguraba ayer el comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía en Jaén, Federico Cabello.

Tras pasar la noche en uno de los calabozos de la comisaría, la Guardia Civil trasladó a J. M. F. F. ante el juez de menores en Jaén, que ordenó su ingreso en un centro de reforma de Sevilla, según fuentes policiales. Está previsto que los fugados regresen a Los Alcores. Todos menos dos, para los que ya está decidio cambiar su lugar de internamiento cuando se les detenga.

Con la detención del menor jiennense ya suman siete los jóvenes que han visto abortada su escapada. Cuatro de ellos se estrellaron en un coche en la propia Carmona y otros dos se entregaron voluntariamente en el centro del que se escaparon.

La Consejería de Asuntos Sociales subrayaba ayer que, oficialmente, aún quedan 11 jóvenes en paradero desconocido, aunque esta cifra puede reducirse en cualquier momento.

De hecho, desde el martes las cifras han bailado. Se habló de un detenido en Marbella, pero no se ha concretado nada. También de otros cinco que se habían puesto en contacto telefónico para, supuestamente, mostrar su voluntad de regresar al centro a decisión propia. Ayer se habló también de un joven de origen magrebí localizado en un centro de Madrid. A pesar de que distintas fuentes cercanas a la investigación creen muy probable que este menor sea uno de los fugados, al cierre de esta edición, Asuntos Sociales no confirmaba ni este caso ni los otros citados.

Entre los que aún permanecen huidos está el condenado por homicidio en el denominado crimen de la movida de Jaén y al menos dos experimentados atracadores de Sevilla. Obviamente, también están en búsqueda las dos personas que asaltaron el centro a mano armada.

Pero aparte del aspecto criminal, este caso ha abierto un amplio debate sobre la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. El consejero de Gobernación, Alfonso Perales, se mostraba ayer partidario de 'revisar' algunos aspectos de la citada ley, como el de la custodia 'de jóvenes de entre 18 y 20 años' condenados por delitos graves. La ley no permite la vigilancia de los menores por agentes armados, en coherencia con el espíritu reeducador y de reinserción social de la norma. La fuga del martes ha puesto en cuestión todo esto y las administraciones han tenido que echar mano de la imaginación para restaurar el clima de normalidad sin saltarse una ley progresista y defendida por casi todos, pero en el ojo del huracán desde antes de entrar en vigor.

Patrullas policiales

Así, Perales y el delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, han acordado que las patrullas de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía dediquen en sus patrullas cotidianas especial atención a los alrededores de los centros de menores.

El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, considera que el hecho de que aún no se disponga de un reglamento que regule el régimen interno da lugar a 'territorios extraños', como el de la custodia de los centros de reforma. Chamizo pidió ayer que fiscales, jueces, administraciones y encargados de centros se reúnan con urgencia para debatir este espinoso tema.