Democratizar la democracia

¿Quién debe participar en la elaboración de las leyes y las políticas? ¿Se deben reservar las decisiones públicas al criterio de los expertos y de los políticos o se debe favorecer la implicación ciudadana? Me surgen estas cuestiones al observar lo que sucede estos días con algunos problemas a los que se enfrentan nuestras autoridades. Permítanme elegir dos ejemplos de naturaleza muy diferente. Por un lado, el proyecto de ley de reforma de la universidad. Por otro, la decisión de construir un tranvía a lo largo de la avenida Diagonal hasta el Baix Llobregat.

Los universitarios han vuelto a salir a la calle, en esta ocasión con la novedad de ver a algunos rectores encabezando las manifestaciones. Se oponen a la reforma de la ministra Pilar del Castillo, pero en Cataluña la protesta se dirige también contra CiU por haber apoyado la aprobación de esa ley en el Parlamento. ¿Cuál es el núcleo del malestar de los universitarios? Dejando de lado su disentimiento contra algunos contenidos concretos de la ley, la crítica que más se escucha es el no haber sido tenidos en cuenta en su elaboración. Denuncian la ausencia de un debate social amplio, en el que participen especialmente aquellos que se van a ver más directamente afectados por la reforma.

'El que exista consenso sobre la necesidad de cambiar las cosas -como es el caso de la Universidad- no puede habilitar a los políticos para obviar el debate social sobre las reformas'

En el caso de la decisión de construir un tranvía en vez de un metro a lo largo de la Diagonal hasta el Baix Llobregat no ha habido protestas similares a las de los universitarios. Pero hay un malestar y una disconformidad difusos, pero perceptibles. Si uno vive o se da una vuelta por las poblaciones del Baix Llobregat lo comprobará. Los medios de comunicación también se hacen eco frecuente de ese malestar. Un artículo de Oriol Bohigas, publicado en estas mismas páginas hace unas semanas, sugería que esa decisión responde básicamente al capricho de algunos expertos y al interés privado de la empresa concesionaria y al de la que fabricará el material de transporte.

¿Qué nos dicen estos dos ejemplos? Que hay una demanda creciente de participación ciudadana en la elaboración de decisiones públicas. Una demanda de 'voz' y de más transparencia. Esta demanda está cogiendo a contrapelo a nuestras autoridades, ya sean las de Madrid o las de aquí, que reaccionan como si lo que se estuviese poniendo en cuestión fuese su legitimidad democrática. Y no es así. Lo que se está pidiendo es democratizar la democracia.

Pero, ¿por qué es importante el debate social sobre las políticas? Fundamentalmente, para garantizar que en su formación se tienen en cuenta los intereses generales. Hay una creencia generalizada de que las políticas responden a interés privados. Pero no hay razón alguna para que ganen los intereses creados si se permiten y fomentan los debates abiertos. El debate público crítico es un requisito indispensable de la buena política económica y social. El secretismo es el instrumento que usan los intereses privados para influir en las políticas y capturar a los legisladores. Dado que no es posible garantizar a priori la calidad de los resultados de las políticas, lo que hay que hacer es asegurar la calidad del proceso de toma de decisiones.

El que exista consenso sobre la necesidad de cambiar las cosas -como es el caso de la universidad- no puede habilitar a los políticos para obviar el debate social sobre las reformas. Los políticos deben resistir la tentación de cambiar las cosas mediante leyes. Pero es difícil no sucumbir a ella cuando se dispone de mayorías parlamentarias cómodas. El riesgo de Pilar del Castillo es enrocarse en esa legitimidad parlamentaria y no comprender lo que los buenos liberales progresistas españoles del siglo XIX ya señalaron: no hay reformas económicas y sociales profundas y duraderas si no tienen tras de sí fuertes corrientes de opinión que las sostengan. El desdén con que la ministra y el propio presidente José María Aznar han tratado a los que se oponen calificándolos de 'progresistas trasnochados', y la percepción de que a nuestros gobernantes les cae más simpática la universidad privada que la pública han impedido que surgiesen desde dentro de la comunidad universitaria esas corrientes favorables a la reforma. Sólo falta que la ministra incentive la protesta señalando que no ve ningún clamor en la calle.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la UB.