La Dirección General de Función Pública tiene a ocho de sus nueve jefes en comisión de servicios

Los pleitos que enredan al director general de Función Pública, Joaquín Segarra, son sólo la vertiente jurídica de un conflicto que afecta desde hace años al aparato de la Generalitat y que se alimenta sobre la falta de respeto a los criterios de mérito, capacidad y libre concurrencia que deben soportar una administración profesional y sobre el volumen de personal interino al servicio de la Generalitat. La propia Dirección General de Función Pública es un claro exponente de la situación. Su estructura incluye dos jefes de área y siete jefes de servicio. Sólo uno de los jefes de área tiene la plaza en propiedad. Los ocho restantes ocupan sus puestos en comisión de servicios, por designación política.

Segarra acudió a un juzgado de Instrucción de Valencia el pasado viernes y declaró por espacio de tres horas y media como imputado por un supuesto delito de falsedad documental y falta de auxilio a la justicia. El director general de Función Pública alega un supuesto problema de interpretación para explicar que negara por escrito la existencia de nombramientos de personal interino al servicio de la Generalitat para ocupar puestos de jerarquía en el aparato administrativo, una posibilidad que quedó descartada en el reglamento de selección y provisión de puestos de trabajo en la carrera pública acordado en marzo de 1999 y publicado como decreto.

Lo cierto es que decenas de interinos han sido nombrados para ocupar cargos con más o menos mando en plaza después de la publicación del decreto en cuestión. En muchos casos, el personal que carece de una plaza fija en el seno de la Administración es trasladado por orden superior ante la disyuntiva de aceptar el cargo o perder el empleo. Pero en otros casos, muchos también, la designación de personal interino para ocupar puestos de jerarquía es una forma cómoda de situar a empleados afines en puestos de responsabilidad al margen de los criterios de mérito, capacidad y libre concurrencia sobre los que deberían consolidarse equipos profesionales.

Un estudio exhaustivo de las convocatorias de empleo público en el seno de la Administración autonómica a lo largo del año pasado, que deja al margen las áreas sensibles de Sanidad, Educación y Justicia, revela que sólo se ha recurrido al concurso de méritos en 10 de las 53 convocatorias para dotar plazas de funcionario. El modelo natural resulta ser marginal. En el resto de los casos se ha optado por la libre designación, un sistema definido legalmente como extraordinario pero que resulta ser el más utilizado.

El propio Eduardo Zaplana anunció el pasado mes de febrero medidas urgentes para paliar las carencias derivadas del volumen de personal interino al servicio de la Administración. El único secreto para resolver el problema pasa por la convocatoria masiva de ofertas de empleo público. El consejero de Administraciones Públicas, Carlos González Cepeda, ha pactado con los representantes sindicales de los funcionarios el anuncio de varios concursos, pero el aparato se mueve despacio.

A lo largo de 2000, se ofertaron a través del sistema de libre designación 52 puestos del grupo A, en su mayoría de carácter técnico. Y surgieron algunos casos sorpredentes. Las plazas de jefe de la División de Carreteras, que lógicamente debería ser cubierto por un ingeniero, o de responsable del jefe de Servicio de Gestión Inmobiliaria, sobre el papel destinado a un arquitecto, fueron ofertadas sin necesidad de cumplir tales requisitos de titulación. Lo mismo que los directores territoriales de Medio Ambiente en Alicante y Castellón resultan ser docentes.

Durante el año pasado, sólo se convocó una plaza de jefe de servicio, que se otorgó a la funcionaria que ya ocupaba el puesto y que abandonó el cargo poco después. La adjudicación ha sido recurrida ante los tribunales. El resto de jefaturas de servicio se dotaron a través de comisiones de servicio discrecionales.

El resultado es que decenas de funcionarios al servicio de la Generalitat no han superado un concurso de méritos en su vida y las comisiones de servicio, que sólo pueden prolongarse durante dos años, se prorrogan sistemáticamente de manera ilegal.

Una Administración en precario sólo fomenta la dependencia de los responsables políticos y pone en entredicho la igualdad de trato que reciben los ciudadanos. Y mientras la propia Dirección General de Función Pública no predique con el ejemplo, el problema sólo tenderá a enquistarse.