Archivado el expediente al fiscal por los sumarios de Marbella

El fiscal jefe de Málaga, Manuel Villén, ha acordado el sobreseimiento y archivo del expediente abierto al fiscal sustituto del Juzgado número 7 de Marbella, José Ramón de Luna. La Fiscalía estima que éste no incurrió en responsabilidad disciplinaria por no comunicar a sus superiores la desaparición de sumarios en varios juzgados marbellíes.

Villén alude, entre otras cosas, a la 'falta de experiencia' del fiscal sustituto para justificar el archivo. La decisión ha caído como un jarro de agua fría en el PSOE, que sostiene que la Fiscalía malagueña 'trata de eludir su parte de responsabilidad' en el borrado y sustracción de expedientes, la mayoría de causas penales relacionadas con Jesús Gil.

La inspección de la Fiscalía General del Estado había trasladado a la Fiscalía de Málaga un decreto por falta leve contra Ramón de Luna por no comunicar de inmediato los borrados informáticos en los juzgados de Marbella. El departamento que dirige Juan José Martínez Zato decidió la apertura del expediente a raíz de una denuncia presentada el 20 de agosto por la portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel García Marcos. Sin embargo, la decisión final de imponer la correspondiente sanción recaía en Villén, que entiende que 'no cabe' reprochar al fiscal sustituto el no haber comunicado al teniente fiscal de Málaga los hechos, de los que tuvo conocimiento el 25 de julio, y que no incumplió ningún deber propio de su cargo.

Argumenta el fiscal jefe que de los primeros borrados detectados no podía deducirse la importancia o trascendencia de los mismos. 'Si los datos borrados habían sido íntegramente recuperados, si siete de las causas a las que afectaban estaban archivadas o en vías de archivo, si el fiscal que informaba ni conocía ni podía conocer que el borrado afectaba a otros juzgados de Marbella y mucho menos que se había producido la sustracción de numerosos procedimientos, no cabe atribuir al hecho la importancia o trascendencia' que exige el deber de comunicación inmediata al fiscal jefe, señala.