Ingresan en prisión dos ex directivos de AVA por alzamiento de bienes

El juez de instrucción número 10 de Zaragoza ha declarado el secreto parcial de las actuaciones. El caso se ha iniciado como consecuencia de una querella criminal interpuesta por el fiscal anticorrupción David Martínez Madero, después de que los administradores judiciales descubrieran que los antiguos directivos habían vendido un inmueble perteneciente a AVA Aragón, en el año 2000, por un importe total de 353 millones de pesetas que no se incorporaron al activo de la sociedad.

Por el contrario, esos fondos fueron desapareciendo progresivamente a lo largo de varios meses como pago de facturas a distintas sociedades, pero que estaban vinculadas a los detenidos. La Fiscalía Anticorrupción entendía que los ex directivos pretendían alzarse con los bienes de AVA para evitar el pago del embargo, por lo que interpuso la querella.

Admitida a trámite, el fiscal Martínez Madero solicitó los registros simultáneos de los domicilios de los tres detenidos, así como de la sede de una de las sociedades de contrapartida (en la que se abonaban las facturas), que en realidad era tan sólo el domicilio del padre de uno de los imputados, y también de un domicilio-buzón.

Facturas falsas

Precisamente en el registro de ese último domicilio utilizado únicamente para recibir la correspondencia fueron encontradas las pruebas que avalan la tesis de la fiscalía. Una de las facturas falsas encontradas, por ejemplo, corresponde a una supuesta auditoría del ejercicio del año 2000, pero está fechada precisamente en marzo de 2000, es decir, que la auditoría se habría tenido que realizar antes de que el ejercicio hubiera concluido.

Como consecuencia de estos registros y de las pruebas encontradas, el juez, a petición del fiscal, ha bloqueado cuatro cuentas bancarias de los implicados en el presunto alzamiento de bienes.

El caso AVA, que investiga la estafa por importe de más de 14.000 millones de pesetas a los clientes de la sociedad de valores, se encuentra en fase de calificación por parte de las defensas. El pasado mes de julio, el fiscal Martínez Madero calificó los hechos como estafa continuada, apropiación indebida y falsedad documental y solicitó para algunos de los 16 acusados penas de hasta 12 años de prisión. Enrique Coronado, Santiago Vian y Juan José Camacho están acusados de estafa y apropiación indebida.

AVA, según el fiscal, hizo creer a 317 clientes que habían comprado títulos emitidos por el Estado brasileño, cuando en realidad eran otros títulos emitidos por una sociedad domiciliada en las islas Caimán que perdieron su valor.