Ética, estética y el ministro Rato

El diputado de Iniciativa per Calalunya (IC) Joan Saura, el pasado 31 de octubre, interpeló al ministro Rato sobre la valoración política y ética que le merecía el hecho de que, en julio de 1998, el abogado del Estado solicitara a la juez el archivo del caso de las cesiones de crédito (decisión que ha sido rechazada reiteradamente por la juez que ha mantenido el procedimiento abierto) y que pocos meses después, Banesto, integrado en el mismo grupo bancario, adquiriese participaciones de empresas de su familia. La respuesta fue dura: no existe ninguna relación entre ambos hechos y se utiliza una capacidad parlamentaria para injuriar impunemente a miembros del Gobierno. Respuesta de Saura: la política es ética y la posición es éticamente indefendible.

Hace ya casi 10 años que la Agencia Tributaria remitió a la Audiencia Nacional el llamado caso de las cesiones de crédito. Una de sus piezas pasó por Valencia y en el primer trimestre del 98 tuve que prestar un servicio al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Desde entonces he procurado documentarme para entender aquel episodio en su globalidad y creo que tengo una idea razonablemente redactada de lo que entonces aconteció.

Aunque aquel papel de perito informático no ha sido ni pagado (afortunadamente uno financia su investigación por otros medios) ni agradecido (con menos de 48 horas entre la entrega del informe y la dimisión de un conseller se comprenderá que la convivencia con el Gobierno autónomo no ha sido fácil) la ley obliga a guardar silencio. Sin embargo, no anula los derechos de ciudadano libre y declarar la solidaridad con el planteamiento de llamada a la ética formulado en las Cortes por el diputado de IC.

He aquí algunos puntos para refrescar los acontecimientos:

a) Tras seis años de mantener la abogacía del estado y la fiscalía una determinada postura, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional tomó el caso en sus manos y en contra de la presunta opinión contraria del antiguo fiscal y de forma casi simultánea con la Abogacía del Estado, argumentaron ante la juez que no se había podido probar la responsabilidad o cooperación necesaria de los directivos del banco en los delitos fiscales cometidos por los inversores. Ambos pedían el sobreseimiento libre del caso abierto en 1992.

b) La juez se mantuvo firme en su visión de que el caso debía seguir en instrucción. Su determinación fue de tal calibre que hasta febrero del 99 estuvo sin acusación de ningún tipo y hasta marzo no se consiguió que se ratificaran unos informes de los peritos de Hacienda que estaban pendientes desde la época de petición del sobreseimiento.

c) Fue en este mismo mes de marzo cuando Banesto entra a formar parte del accionariado de distintas empresas de Rato.

No tengo conocimiento de ninguna prueba que demuestre relación de causa efecto alguna entre una cosa y otra, ya que entonces, como dijo con toda la razón el Sr. Rato habría que ir directamente a la denuncia judicial. Sin embargo, como viejo lector de la La estética como ética, de George Luckacs, noto una alarmante falta de estética, y como decía este maestro de mi generación, ello puede suponer una falta de ética. No soy partidario de abusar de las reclamaciones de ética, con nuestros semejantes, ni siquiera con los adversarios. Es sin duda un terreno resbaladizo. No obstante y con los datos en la mano, creo que el representante de IC estuvo en su papel al pedir una clarificación.

Escribo estas lineas para expresar mi desazón por la respuesta del Sr. Rato, en cuyo descargo hay que indicar la dura temporada que está soportando, pero me pareciero preocupante: a) Argumentar que las decisiones son estrictos criterios jurídicos de la dirección general del Servicio Jurídico del Estado, ya que no es ni exacta, pues algo debe decir obligatoriamente el agente denunciador, la Agencia Tributaria, que estaba en plena investigación tanto por orden de la juez como por orden de sus responsables, ni suficiente, cuando el propio juzgado y recursos superiores no han admitido estos razonamientos. b) Tras su contestación, los españoles seguimos sin tener una explicación lógica, que supongo debe haberla, de la entrada del grupo Banesto en sus empresas familiares y esta clarificación, aunque fuera estrictamente mercantil, la habríamos agradecido muchos ciudadanos y más en sede parlamentaria y c) no es razonable terminar diciendo que el Sr. Saura se aprovecha de su capacidad parlamentaria para injuriar impunemente a miembros del Gobierno. No parece que en democracia preguntar por cuestiones éticas deba ser injurioso.

De hecho, sin el menor ánimo de injuria, es una pregunta que yo tambien me había hecho y es la razón que me lleva a escribir estas líneas. No siendo parlamentario, expreso la misma preocupación que el diputado catalán y no creo que me vaya a pasar nada por expresarlo. A veces hay coincidencias que hay que explicar, porque las cosas pueden parecer lo que no son y esta capacidad de diálogo y racionalidad está en las raíces de la democracia, por la que mi generación peleó especialmente.

En estos momentos de crisis internacional, uno cree que los ciudadanos debemos confiar en nuestras instituciones y las personas que les dan cuerpo y esta explicación es algo más que un rifirafe político, es simplemente una necesidad.

No me atrevo a pedirle explicaciones, sólo le sugiero respetuosamente que haga un esfuerzo para reconocer que la compra-venta de estas acciones fue un hecho estéticamente poco afortunado. Es una magnífica oportunidad para que nuestra administración tributaria se desenganche del caso de las cesiones de crédito y la juez Palacios termine, de una vez por todas, esta parte de su trabajo. Así todos saldremos ganando.

Gregorio Martín es catedrático y director del Instituto de Robótica de la Universidad de Valencia.