El juez Manzanares, inhabilitado durante 30 meses por prevaricación

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a dos años y medio de inhabilitación al ex juez de vigilancia penitenciaria José Ramón Manzanares por un delito continuado de prevaricación cometido al retrasar de manera maliciosa los permisos navideños de los presos de Quatre Camins en 1998. Pese a la condena, los jueces piden al Gobierno que indulte a su compañero y le absuelven de otro delito más grave de prevaricación por el que el fiscal pedía otros 15 años de inhabilitación y la expulsión de la carrera.

La sentencia dictada ayer por el TSJC admite sin reparos que Manzanares 'obró con malicia puesto que colocó en lugar preferente su propia convicción o voluntad a la ley'. Esa actuación se tradujo en inventar trámites administrativos y judiciales innecesarios para resolver la concesión de permisos que no están previstos ni en la ley ni en el reglamento penitenciario, como advirtió en su día la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona.

La actuación de Manzanares se tradujo en que sólo resolvió 95 de los 242 permisos solicitados en la Navidad de 1998, pese a que la mayoría de ellos habían sido informados de manera favorable por la junta de tratamiento de la cárcel de Quatre Camins que estaba a su cargo. Eso provocó, según afirma el tribunal, que en la prisión se viviera una 'situación crítica' y que se situara 'al borde del motín'. En vista de ello, el Departamento de Justicia de la Generalitat hubo de intervenir para aliviar la crispación y concedió 90 permisos extraordinarios de 48 horas. Manzanares mantenía en aquella época unas pésimas relaciones con el director de la cárcel, Josep Font, según recuerda la sentencia. Por el contrario, las relaciones del juez con los sectores más reaccionarios del funcionariado eran excelentes.

El Tribunal Superior relata que Manzanares 'contaba con elementos más que suficientes para decidir', pero optó por dictar hasta 700 providencias para pedir una documentación que el tribunal considera innecesaria. La sentencia explica que este grupo de resoluciones, tomadas de manera individualizada, 'no reviste perfiles prevaricadores, por no ser manifiesta su ilegalidad', pero añade que, 'tomadas en su conjunto', configuran un delito de 'retardo malicioso en la Administración de justicia', que es por el que le condenan. El fiscal solicitó durante el juicio dos años y cuatro meses de inhabilitación por ese delito y la pena del tribunal ha sido de dos años y medio.

En varios apartados de la sentencia el TSJC alude a la actuación del fiscal en el juicio y recuerda que era el encargado de probar 'una a una que son prevaricadoras las resoluciones que dice', y eso no ocurrió. Por el contrario, añaden los jueces, el fiscal se centró en 'demostrar la injusticia global de la actuación del magistrado', y no probó que las resoluciones fueran injustas de manera 'manifiesta y clamorosa', como exige la doctrina del Tribunal Supremo. En este sentido, los jueces recuerdan que 'no toda resolución contraria a derecho es prevaricadora' y matizan que aunque el juez actuó con 'una carga de apasionamiento', no 'eclipsó su objetividad', por lo que 'queda eliminado cualquier otro motivo espúreo' y eso justifica la petición de indulto.

Quejas unánimes

La actuación de Manzanares provocó en su día la queja de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, de la consejera de Justicia, del Colegio de Abogados de Barcelona, de la Audiencia e incluso del presidente del TSJC, Guillem Vidal, quien comunicó los hechos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por ese motivo, Vidal se abstuvo en su día de formar parte del tribunal encargado de juzgar el caso. La presidenta del tribunal y ponente de la causa ha sido Núria Bassols Muntada, una magistrada que no está especializada en derecho penal y que pertenece, como Manzanares, a la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Manzanares fue funcionario de prisiones antes de ejercer de juez penitenciario entre 1991 y 1999. Desde el mes de marzo está suspendido de sus funciones por el CGPJ a causa de este proceso penal y anteriormente tampoco pudo ejercer durante diferentes periodos de tiempo. La defensa del juez, ejercida por el prestigioso penalista Cristóbal Martell, anunció ayer que recurriría ante el Tribunal Supremo. En cuanto a la petición de indulto parcial al Gobierno que plantea el tribunal es práctica habitual que se concedan.