El Gobierno vasco pide explicaciones a Interior de un supuesto caso de tortura

El director de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Juan José Martínez Leunda (EA), ha pedido información al secretario de Estado de Seguridad, Pedro Morenés, sobre un supuesto caso de torturas infligido a una detenida por la Guardia Civil en marzo en una operación contra ETA. En una carta remitida el 23 de octubre -una vez que el Grupo Contra la Tortura hiciera públicas fotos e informes forenses donde se reflejan las marcas en el cuerpo de Iratxe Sorzabal Díez, de 29 años y miembro de Gestoras Pro Amnistía-, el miembro del Ejecutivo vasco mostraba la 'honda preocupación por las presuntas torturas' denunciadas.

Juan José Martínez Leunda enmarca la petición de información al decir que toda vulneración de los derechos humanos, incentiva su 'celo en conocer las circunstancias' en las que se producen esas conculcaciones. Un día después de su detención y ante la situación que presentaba en el centro de detención del instituto armado, fue el propio médico de la Audiencia Nacional, Ángel Canelada, el que ordenó, el pasado 30 de marzo, el traslado de la detenida al centro hospitalario San Carlos para que se le realizaran pruebas médicas. Sorzabal aseguró que dos guardias civiles le aplicaron electrodos en el costado derecho y que le golpearon en la cabeza y le sobaron.

Las fotografías mostradas por el Grupo Contra la Tortura (TAT) revelan enormes marcas rojas en la parte derecha del cuerpo de Sorzabal, que constaron los informes médicos como 'lesiones de aspecto reticulado de coloración eritemato-violáceo marronáceo que en algunos puntos hace microvesiculación'. Además, agrega que la detenida padece 'una carga emocional fuerte'. Los informes no concluyeron la existencia de malos tratos, sino que son médicos vinculados al TAT los que finalmente concluyen que hubo tortura a partir de su análisis de las lesiones.

La juez sustituta del Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid ha ordenado otro examen forense a Sorzabal, según fuentes jurídicas, informa José A. Hernández. Itaxe Sorzabal, que ya fue condenada por el Tribunal Correccional de París a dos años de cárcel por asociación de malhechores, quedó en libertad el 13 de septiembre.

'Disipar dudas'

La carta refleja que 'no es bueno' para las administraciones públicas verse 'salpicadas' por este tipo de denuncias ya que su objetivo debe ser el 'reforzamiento de la democracia y el Estado de Derecho'. Y finaliza pidiendo a Interior que facilite toda la 'información para disipar cualquier duda sobre el buen hacer profesional de la Guardia Civil'. Se da la circunstancia de que cuatro miembros del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), organismo dependiente del Consejo de Europa que gira visitas para conocer in situ el trato efectuado a los detenidos, realizó una a España de cinco días a finales de julio. Fuentes de la secretaría del CPT aseguraron a este periódico que durante esa visita la delegación 'se entrevistó con un grupo de personas que recientemente habían sido arrestadas por efectivos de la Policía y de la Guardia Civil como sospechosos de haber cometido delitos de terrorismo'.

Las dos únicas operaciones policiales contra la organización terrorista ETA en los meses precedentes fueron la desarticulación de un comando itinerante por parte del Cuerpo Nacional de Policía en junio, con siete arrestados, y la operación de la Guardia Civil del pasado 30 de marzo contra el comando Galicia, en la que se detuvo a Iratxe Sorzabal.

Se desconocen las conclusiones del Comité para la Prevención de la Tortura sobre su último viaje a España, ya que, como recuerdan las mismas fuentes, el artículo 11 de la Convención Europea para la Prevención de la Tortura, garantiza que la 'información reunida por el CPT en sus visitas y las consultas realizadas con las autoridades 'son confidenciales' y solo pueden ser publicadas con la autorización expresa del país visitado.