Subvenciones
Acaba de presentarse el proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año. Según los principales exponentes del Gobierno andaluz, una parte muy consistente de los mismos está destinada a 'la segunda modernización de Andalucía', locución fetiche que me temo va a ser la frase más repetida de aquí a las próximas elecciones, si no durante todo este siglo que acaba de empezar. Otra parte de los presupuestos se destinará a subvenciones destinadas a políticas de solidaridad, es decir, a ayudar al que no tiene. Hasta aquí podemos decir que no hay nada que objetar; es más, parece obligatorio que un gobierno que se reclama socialdemócrata utilice los presupuestos generales de una comunidad para reequilibrar rentas y ofrecer servicios básicos a aquellos que no tienen capacidad económica. El problema comienza cuando parte de ese dinero público, conseguido a través de los impuestos de la sociedad en general, puede ser destinado, por desconocimiento o connivencia del administrador público, a fines no previstos o directamente al aprovechamiento particular ilícito. Esto es lo que ha ocurrido con las subvenciones públicas a la FARA, entidad coordinadora de las asociaciones gitanas en Andalucía.
Uno de los principios rectores de toda sociedad democrática es la clara separación entre el poder político y el judicial. Actualmente, el hecho de apropiación de ese dinero por directivos de la FARA ha saltado a la opinión pública por iniciativa judicial. Ése será un camino corto o largo pero que al final, inevitablemente, terminará con las depuraciones penales correspondientes. Ello no obvia las responsabilidades políticas, que son por naturaleza distintas de las judiciales. Durante años, organismos públicos han estado suministrando subvenciones millonarias que se utilizaban para el negocio de la droga y compras de lujosos coches y viviendas particulares. ¿Quién firmaba dichas subvenciones? ¿Qué funcionarios públicos con responsabilidad han autorizado las mismas? ¿Siguen en sus mesas de despacho hoy lunes? Posiblemente en otros países menos cálidos que el nuestro, más invernales pero más coherentes con lo público, dichos servidores públicos habrían ya presentado un escrito que incluiría la palabra 'dimisión'.
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