Tres años sin anuncios de Arenas

El pasado sábado, 3 de octubre, el secretario general del PP, Javier Arenas, hizo pública su intención de querellarse contra los socialistas, que venían denunciando un acuerdo entre el dirigente popular y Jesús Gil, alcalde de Marbella. Arenas anunció que presentaría la querella en cinco días (el pasado jueves), aunque fuentes del PP dijeron ayer que 'no constaba' que hubiese formalizado la querella. Los sucesivos pactos de ex ediles del GIL con el PP en varios municipios (San Roque, La Línea o Estepona) han dado pie al PSOE a formular esta acusación, que suscitó una reacción de Arenas inédita desde 1998.

Cinco días después, este jueves, dijo que el PP tenía previsto tomar medidas 'políticas y legales', no precisadas, contra la decisión del rector de la Universidad Hispalense, Miguel Florencio, de suspender la actividad docente por su oposición a la Ley Orgánica de Universidades, hecho que Arenas calificó como 'cierre patronal'.

Los últimos y notorios anuncios de Arenas corresponden a 1998, cuando era ministro de Trabajo, cargo que compatibilizaba con el de presidente del PP en Andalucía, comunidad en la que multiplicaba sus actos los sábados y los domingos para compensar su ausencia del resto de la semana. En plena guerra institucional entre la Junta y el Gobierno central los cruces dialécticos entre dirigentes del PSOE y del PP fueron constantes y duros.

En mayo de 1997, Arenas replicó con una querella al consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, quien había sugerido que el dirigente popular había cobrado en la mediación de la venta de la empresa Cárnicas Molina. Un año después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía archivó la querella con una sentencia que detallaba que las declaraciones de Zarrías se encuadraban dentro de la 'vida política', en la que sus representantes aceptan 'una disminución de su esfera de intimidad y honor'. Zarrías también fue objeto de otra querella de Arenas, en este caso tras decir el socialista que el secretario general del PP había obtenido 'pingües beneficios' de la Exposición Universal de 1992. Este procedimiento tampoco fructificó. Además, a finales de 1998, anunció solemnemente que el Gobierno llevaría a la Junta a los tribunales si ésta no pagaba su deuda con la Seguridad Social. Una semana después, ambas administraciones llegaron a un acuerdo.