El TSJ archiva 'por imperativo legal' el caso por prevaricación contra el juez de vigilancia penitenciaria

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha acordado el archivo provisional de la causa abierta por supuesta prevaricación contra el juez de vigilancia penitenciaria de Valencia y Castellón, Ernesto Alberola, por 'imperativo legal', al quedar el caso sin acusación tras la decisión del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, de apoyar el sobreseimiento.

El fiscal general suscribe una solicitud idéntica formulada por el fiscal jefe de Valencia, Enrique Beltrán, quien consideró que no había razones para mantener viva la investigación contra el juez Alberola después de mantener una reunión deliberatoria, hace dos semanas, con los cinco fiscales coordinadores.

Ernesto Alberola era investigado desde principios de año por un supuesto delito de prevaricación y revelación de secretos que se inició a raíz de unas escuchas telefónicas autorizadas para intentar esclarecer un crimen registrado en una fundición de Alaquàs. Alberola autorizó el 85% de las peticiones de régimen abierto formuladas por presos de Picassent a lo largo del año 2000. Sin embargo, el 90% de las mismas fueron revocadas a raíz de los recursos presentados por el correspondiente fiscal, quien consideró irregulares las autorizaciones firmadas por el juez de vigilancia penitenciaria.

La ausencia de una acusación particular o popular que sostuviera el caso contra Alberola convirtió al fiscal jefe de Valencia en el único promotor de la causa. Pero en una decisión colegiada, Beltrán optó por solicitar el sobreseimiento provisional de la misma.

La decisión de Beltrán era suficiente para archivar la causa, sin embargo, el TSJ 'para mejor actuar', remitió el auto correspondiente al fiscal general del Estado, quien ha refrendado la postura de la Fiscalía valenciana.

Ernesto Alberola, ahora destinado en el Registro Civil de Valencia, ha sostenido siempre que no había razón alguna para procesarle y ha confesado abiertamente que siempre ha aplicado 'el criterio más favorable al penado' ante las solicitudes de permisos conforme a la legislación vigente.

El juez Alberola, un convencido defensor de la reinserción social de la población reclusa, ha recordado también que desde hace años está pendiente la elaboración de una nueva ley procesal que 'establezca exactamente en qué condiciones específicas y concretas debe o no concederse una progresión de grado o permisos' a aquellos reclusos que lo soliciten.