Una juez investiga si la contaminación del río Segura afecta a la salud

La investigación judicial por la contaminación del Segura se amplía. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Orihuela ha admitido la petición de la Comisión Pro-Río Segura para que abra una nueva línea de investigación que determine si la situación ambiental existente 'puede o no afectar a la salud de las personas', según fuentes de la plataforma. El juzgado ya ha solicitado a las consejerías de Sanidad y de Medio Ambiente que le informen sobre los estudios que tengan acerca de la incidencia de la contaminación del río en la salud de la población.

El mismo juzgado que ya investiga el estado de contaminación del río Segura y sus causas, ahora intentará saber también si afecta a la salud de las personas. La juez ha pedido también a la Consejería de Medio Ambiente que le remita todos los estudios que tenga sobre la contaminación del Segura a su paso por La Vega Baja.

Esta nueva acción judicial se emprende a partir de la solicitud que hizo el 13 de septiembre la Comisión Pro-Río, cuyo portavoz, José Antonio Muñoz Grau, dijo ayer que esta investigación judicial 'es una gran noticia, por fin se está apuntando hacia los responsables en cuanto al tema de la salud', y recordó la alarma social que la contaminación del rio ha generado en la zona. 'Es la preocupación diaria que sufren los ciudadanos de algunas calles de Orihuela, el olor y la degradación del cauce', sentenció. En opinión de Muñoz Grau, hasta ahora 'aquí se estaba creando una situación terrible en cuanto al tema de la salud y nadie está poniendo solución al tema', agregó.

La iniciativa de 30 médicos de Orihuela que en junio de 2000 solicitaban 'datos sobre si la situación medio ambiental afecta a la salud de las personas y piden que se realicen estudios al respecto', o el extraordinario aumento de consultas oncológicas por vecinos de La Vega Baja en los últimos años, son algunos de los motivos esgrimidos por Pro-Río para exigir que se impulse esta línea de la investigación judicial. Sobre ese aumento de consultas oncológicas en la comarca, Pro-Río presentó al juzgado una proposición no de ley presentada este año en las Cortes Valencianas por el PSPV-PSOE que pedía una Unidad Oncológica para La Vega Baja por el aumento de consultas de este tipo. Se basaba la proposición en datos facilitados por el propio consejero de Sanidad, Serafín Castellano, según los cuales en los hospitales de San Juan y Elche (a los que acuden los vecinos de la Vega Baja para temas oncológicos) hubo de esta comarca 70 consultas en 1996, 287 en 2000 y 51 sólo en enero de 2001.

El aumento también se puede constatar en las consultas a centros concertados con el Instituto Valenciano de Oncología: hubo 126 consultas en 1996 y más del doble, 330, en 2000, siempre de vecinos de la Vega Baja del Segura. La investigación judicial también se ve justificada por el informe del pasado 30 de mayo en el que Luis Burillo, ecotoxicólogo forense del Instituto de Medicina Legal de Valencia decía que 'la eliminación de los lodos resuspendidos por las labores de limpieza del cauce del río Segura a través de la red de acequias supone un grave riesgo de contaminación de los cultivos expuestos y de la salud de las personas'.

El portavoz de la plataforma cívica reiteró que podría existir una relación de causa efecto entre los vertidos que 'envenenan el Segura' y el aumento de las enfermedades cancerígenas en la comarca. Pro Río expone que el cauce del Segura correspondiente a La Vega Baja presenta vertidos 'altamente peligrosos en aguas que riegan la huerta de la zona', apunta el portavoz.

La comisión cívica recuerda que el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 6 de Orihuela también cuenta con otro informe de Burillo que indica que pueden afectar a la salud de las personas los vertidos de siete empresas recientemente imputadas en la investigación por la contaminación del Segura.

Muñoz Grau señaló ayer que, además, el Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia tiene un estudio del Instituto Nacional de Toxicología que advierte que la situación ambiental que genera el Segura afecta a la salud de las personas. Para ellos queda claro que la 'situación medioambiental del Segura evidencia la falta de custodia por parte de las administraciones competentes', concluyó.