El Gobierno de Pujol dedica 291 millones a una campaña que incluye 15 promesas electorales

La nueva campaña institucional lanzada por el Gobierno catalán, en la que gastará 291 millones de pesetas (1,749 millones de euros) en dos meses, incluye un total de 15 promesas electorales, pues su cumplimiento efectivo va más allá de 2003, año en el que se celebrarán las próximas elecciones autonómicas. Otros compromisos, como la llegada del tren de alta velocidad en 2004, no dependen siquiera del Ejecutivo de Jordi Pujol. La oposición parlamentaria, incluido el Partido Popular, denunció que esta campaña tan sólo pretende promocionar al conseller en cap, Artur Mas.

La decimocuarta campaña institucional genérica que desde 1986 promueve el Ejecutivo de Convergència i Unió (CiU), incluye por primera vez promesas de futuro ya que las anteriores se habían ceñido a publicitar la obra de gobierno o eran de carácter sectorial. Entre estos compromisos figuran las inversiones en investigación y desarrollo (I + D), el reciclaje de residuos, la construcción de 30.000 nuevas plazas de guarderías y la finalización de la reforma de la asistencia primaria. Otros son mucho más difusos, como que en 2004 habrá 300 multinacionales en Cataluña o 20.000 empresas que exporten sus productos.

Esta ofensiva propagandística, con el lema Molt per fer, molt per viure (mucho por hacer, mucho por vivir), será una de las más duraderas del periodo gubernamental de Jordi Pujol, pues finalizará a finales de diciembre. Con un presupuesto de 1,749 millones de euros (697.174 de producción y más de 1,051 millones para su inserción en los medios), la campaña consta de cuatro formatos de anuncio que se difundirán en prensa, radio, televisión y en vallas exteriores. A juicio de Artur Mas, que ayer se encargó de la presentación pública de la campaña, 'los ciudadanos podrán conocer los proyectos de futuro del Gobierno en los ámbitos de la atención social, la globalización de la economía, la cultura catalana, las infraestructuras y el apoyo a la investigación y a la formación'.

Si Artur Mas afirma que el objetivo de la campaña es 'combinar confianza con futuro' y 'huir de la autocomplacencia', la oposición política catalana opina que se trata de promocionar al conseller en cap como candidato de CiU a la presidencia de la Generalitat. Incluso el PP, fiel aliado del Ejecutivo presidido por Jordi Pujol, se sumó a las críticas en contra de este plan propagandístico. El portavoz adjunto en el Parlament, Daniel Sirera, fue taxativo al afirmar que su grupo no 'tolerará' que el Gobierno utilice dinero público para 'hacer campañas de imagen' de Mas y 'promesas electorales'.

'Con 291 millones se puede hacer mucha política social', señaló Sirera, quien denunció que la Generalitat incrementa las campañas institucionales de forma proporcional al descenso de CiU en intención de voto.

Lamentable y antiético

Desde Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya (IC-V) se criticó que el Gobierno comunicara la realización de esta campaña a la Comisión Asesora sobre Publicidad Institucional el pasado viernes, en medio de un puente, y tan sólo tres días antes de su presentación oficial. Joan Ridao, portavoz de ERC, cree que esta actitud 'vulnera las mínimas exigencias éticas y de comportamiento democrático'. Ridao señaló que en 1999, año de las elecciones autonómicas, el Ejecutivo catalán se gastó más de 1.700 millones en publicidad institucional.

Rafael Ribó, de IC-V, calificó de 'lamentable' que se emitan estos anuncios cuando en el Parlament se ha abierto un debate sobre la nueva organización de la Comisión Asesora. 'Esto demuestra la voluntad del Gobierno de obviar el trabajo parlamentario', agregó.