Un nuevo pacto
Tras varios meses de negociación sin resultado tangible, el Gobierno parece haber pospuesto su decisión de reformar, incluso de forma unilateral, el actual marco de negociación colectiva ante el compromiso de empresarios y trabajadores de llegar a un acuerdo que regule los contenidos de los convenios colectivos del año próximo.
Se busca así un nuevo acuerdo interconfederal, como los que ya se firmaron en el pasado, que contribuya a mantener la paz social y evitar una conflictividad laboral que de ningún modo conviene al país ante la cada vez más presente situación de crisis económica.
La reforma de la negociación colectiva, que el Ejecutivo había considerado prioritaria para este año, había llegado a un callejón sin salida, con fuertes desavenencias y descalificaciones entre las partes. Ante la posibilidad de que el Gobierno pudiera imponer tal reforma de forma unilateral, empresarios y sindicatos, de común acuerdo, ofrecieron al Ejecutivo la posibilidad de negociar un acuerdo social que fijara los criterios rectores de la negociación colectiva del año próximo.
El acuerdo intentaría fijar recomendaciones generales que sirvieran de punto de partida a la negociación de los distintos convenios colectivos que deben renovarse durante 2002, y que pueden afectar a más de cuatro millones de trabajadores. La intención es que no se trate de un mero pacto salarial, sino que abarque varias materias: salarios, jornada, contratación, pensiones y cuantos aspectos pudieran ser objeto de negociación social.
El pacto tomaría en consideración la actual situación de recesión económica, así como el nuevo marco que se avecina con la incorporación del euro, siendo sus finalidades fundamentales la estabilidad y la creación de empleo y la moderación salarial.
Esto no significa que el Ejecutivo haya renunciado a la renovación del sistema de negociación colectiva, sino que estaríamos ante un mero aplazamiento, a la espera del acuerdo propuesto por los interlocutores sociales. El acuerdo debería estar concluido antes de fin de año. En caso contrario, el Gobierno no descarta la posibilidad de llevar a efecto unilateralmente la citada reforma.
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