Consulta sí, pero no en Amorebieta

Desde que el PNV se adentró en vísperas del Pacto de Lizarra por la senda del soberanismo, las apelaciones al 'derecho de la sociedad vasca a decidir su futuro' y las referencias difusas al derecho de autodeterminación y a una consulta popular para ir más allá del marco estatutario han sido continuas. El 'respeto a que la sociedad vasca sea consultada para que pueda decidir libre, pacífica y democráticamente su propio futuro político' es una de las cuestiones centrales del programa de gobierno firmado en Vitoria por el PNV y EA. Y el lehendakari Ibarretxe y Xabier Arzalluz han insinuado en repetidas ocasiones un posible plebiscito sobre el derecho de autodeterminación o la continuidad de ETA. '¿Qué hay de malo en ello?', 'a quien puede molestar que se consulte a la sociedad vasca?', ha replicado Ibarretxe a quienes aducían la quiebra social que supondría reducir a un pronunciamiento excluyente, en términos de sí o no, la pluralidad de identidades y sentimientos de pertenencia de los vascos.

Sin embargo, esta capacidad de decisión que se reclama para el 'pueblo vasco' no vale para el pueblo de Amorebieta, una localidad vizcaína gobernada por el PNV y donde la mayoría de sus 16.000 habitantes está en contra de la proyectada instalación de una central térmica de ciclo combinado (que usa gas natural y aire comprimido para producir electricidad). Todos los órganos de dirección peneuvistas, así como el Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya, se han movilizado para evitar que se celebre la consulta popular anunciada por la alcaldesa de la localidad para el próximo 20 de enero. Pero más sorprendente que la incongruencia que supone rechazar en Amorebieta el ejercicio de un 'derecho democrático' que se reclama para Euskadi, y sobre una cuestión infinitamente más compleja y trascendente, es el argumento utilizado para hacerlo. 'La consulta popular sólo va a servir para enfrentar a los propios vecinos de la localidad', afirmó el pasado 6 de octubre el dirigente peneuvista Íñigo Urkullu. Ese día, el PNV reunió a 200 cargos internos y públicos para remarcar que la central de 800 megawatios impulsada por la multinacional irlandesa ESB constituye un 'proyecto estratégico' para el País Vasco. Con ese cónclave el partido pretendía vencer las resistencias de su militancia de Amorebieta, sensible al sentimiento mayoritario de rechazo capitalizado por la asociación Zornotza bizirik (Amorebieta viva). Tres meses antes, Urkullu y el propio Xabier Arzalluz habían fracasado en su intento de convencer a la asamblea local de las ventajas de una inversión de 65.000 millones de pesetas. El 68,5% de los asistentes (47 de los 69) se pronunció en contra de la central. Dos días más tarde, la plataforma opositora volvió a reunir a más de 7.000 personas en la cuarta manifestación celebrada en la localidad, lo que sin duda influyó en la decisión anunciada en septiembre por la alcaldesa peneuvista, Pilar Azorlaza, de someter la cuestión a los vecinos con una pregunta muy concreta: '¿Está usted de acuerdo con la instalación de la central térmica de ciclo combinado en el barrio de Boroa?'.

La empresa ESB, que hasta entonces había dicho que no seguiría adelante con el proyecto contra la oposición vecinal, arremetió contra el PNV de Amorebieta, al tiempo que la dirección del partido tomó decididamente las riendas del asunto para sacar el asunto del ámbito de decisión municipal y evitar a toda costa el referéndum.

El pasado 26 de octubre, la Asamblea Nacional declaró solemnemente que la central es un proyecto 'estratégico de carácter nacional', lo que supone que, como señalan los estatutos internos, la organización del PNV de Amorebieta y sus ocho concejales deben acatar las decisiones del órgano máximo del partido. Dado que el anuncio de la alcaldesa no ha sido ratificado de forma oficial por el pleno del Ayuntamiento, la dirección peneuvista está convencida de que al final no se celebrará una consulta que califica de 'errónea y equivocada'. La alcaldesa, emparedada entre su partido y la opinión mayoritaria de sus vecinos, se ha encerrado en un mutismo absoluto y evita desde septiembre convocar plenos ordinarios para no tener que responder a las mociones de la oposición.