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El PP pide la comparecencia de Madí por el decreto sobre publicidad institucional

El PP ha solicitado la comparecencia parlamentaria del secretario general de Comunicación, David Madí, para que informe sobre el decreto que prepara presidencia y que debe regular la publicidad institucional. Esta iniciativa complementa la propiciada por PSC, ERC e IC-V, que ayer pidieron al conseller en cap de la Generalitat, Artur Mas, que retire el proyecto de decreto que define el órgano de vigilancia de la publicidad institucional de todas las administraciones públicas, al considerar que rompe el consenso con el que se impulsó la ley que regula este tipo de publicidad aprobada el pasado mes de diciembre en el Parlament y supone una 'involución'.

Los tres grupos de izquierda han presentado una proposición no de ley en el Parlament en la que se reclama al Gobierno de la Generalitat que abra un proceso real de consenso con todos los grupos parlamentarios, así como que la composición de la Comisión Asesora sobre la Publicidad Institucional (CAPI) tenga el mismo número de representantes designados por el Parlament y por las entidades municipalistas. El decreto que ultima el Gobierno catalán establece que 14 de los 21 miembros de esta comisión de control sean designados directamente por Artur Mas, lo que a juicio de los partidos de izquierda facilitaría el control por parte de la Generalitat de la publicidad institucional de los ayuntamientos.

'Una cacicada de Mas'

Para el diputado del PSC-CpC, Josep Maria Vallès, el texto que el Gobierno ha remitido a los grupos parlamentarios anunciando su 'inminente aprobación' no recoge las reclamaciones de las diferentes formaciones, lo que consideró 'un signo del talante involucionista' del Ejecutivo catalán respecto a la ley aprobada en el Parlament a propuesta de ERC. Vallès lamentó que el consenso impulsado por el entonces consejero de Presidencia Joaquim Triadú 'se haya disipado' y se haya optado por diseñar un órgano de control de la publicidad institucional 'claramente partidista', lo que deja a esta comisión sin 'poder ni autoridad'.

Por su parte, el diputado de ERC, Joan Ridao, situó el decreto impulsado por el Gobierno en un contexto preelectoral y consideró 'totalmente inaceptable' su contenido, hasta el punto de plantear la posibilidad de impugnarlo por la vía de los tribunales de lo contencioso administrativo. Según Ridao, la definición de la composición de la comisión de control es 'una auténtica cacicada' y comparó a Artur Mas con el conde de Romanones, que se encargaba de hacer reglamentos a medida de las leyes aprobadas.

En la misma línea, el presidente del grupo parlamentario de IC-V, Rafael Ribó, denunció que la Generalitat pretenda 'blindarse' para impulsar 'propaganda institucional' en los dos años que restan de legislatura y criticó el intento de 'meter la mano partidistamente en las campañas de otras instituciones'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 31 de octubre de 2001