El 'poder valenciano', un ámbito restringido

'Los de siempre'. Un asesor de empresas alude al grupo de empresarios valencianos con posibilidades que copan las grandes posibilidades de negocio en la Comunidad Valenciana con una expresión lacónica. La misma que se utiliza en el seno de la Administración autonómica para identificar a los valedores del otrora denominado poder valenciano: 'Son los que son, tampoco hay mucho más'. Pero, ¿quiénes son los que son? Porque, desde luego, no todos son de siempre.

Federico Félix, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), aparece como el gran muñidor de las alianzas empresariales para intentar dotar de contenido la expresión que tanto repitió Eduardo Zaplana durante su primera legislatura como una inyección de optimismo para los inversores privados. No en vano, el acuerdo entre el presidente de la Generalitat y el fallecido Vicente González Lizondo para constituir una alianza de gobierno conservadora después de las elecciones de mayo de 1995 se cerró de madrugada en su despacho profesional.

AVE es un club exclusivo al que sólo se accede por recomendación de algún socio y por acuerdo de todos los demás. No es una asociación al uso, sino un auténtico grupo de presión, que reúne a una cincuentena de poderosos empresarios. Y el foro oportuno para cuajar alianzas estratégicas con el poder, que no siempre se pueden detectar.

El accionariado de Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, un proyecto formalmente privado pero auspiciado desde el Palau de la Generalitat, reúne a una nutrida representación de 'los que son'. Al margen de los grandes inversores institucionales, se sientan en el consejo grandes promotores inmobiliarios, como Javier Cremades, José y Juan Lladró, o Andrés Ballester. Un poderoso grupo de empresarios textiles reunidos en Ateval. Y con una participación minoritaria, varias empresas constructoras aliadas en una agrupación de interés económico denominada Gestión y Financiación de Infraestructuras (GFI).

La constructora Pavasal preside GFI, una agrupación en la que participan Cyes, Construcciones Luján, Vicente Cotino, Construcciones Sarrión, Rafael Ferrando, Luis Batalla, Enrique Ortiz, Hormigones Martínez o Torrescámara, la empresa constructora del presidente de la Federación de Contratistas de la Comunidad Valenciana, Juan Cámara.

Coyuntura

El grupo que forma GFI entró en el capital social de Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, SA. Pero no se conocen otras acciones conjuntas. Los socios coyunturales han optado por especializarse en sus respectivas áreas y disfrutar en solitario de los recientes años de bonanza económica.

La publicidad de los concursos públicos revela que varios socios de GFI han resultado ser los constructores valencianos que más obra civil han ejecutado en los últimos años. El seguimiento de las adjudicaciones de obras por parte de la Consejería de Obras Públicas durante un periodo de dos años y medio, entre 1997 y mediados de 1999, sitúa a Pavasal como el primer constructor local de obra civil en territorio valenciano.

Pavasal recibió contratos por un total de 2.785 millones, sólo de la Consejería de Obras Públicas. Hormigones Martínez, una empresa de Alicante, aparece en segundo lugar, con contratos por un total de 2.100 millones. Lubasa, con sede en Castellón ocupa el tercer lugar. Pero casi toda la cohorte de constructores agrupados en GFI asumieron importantes obras públicas.

Sedesa, de Vicente Cotino, y Torrescámara, de Juan Cámara, se especializaron en uniones temporales con grandes constructoras de ámbito nacional. Cyes y Enrique Ortiz ocuparon un segundo escalón en las adjudicaciones en solitario. Construcciones Sarrión y Construcciones Luján recibieron adjudicaciones más discretas.

Entre 1997 y 1999 empresas como Pavasal y Lubasa duplicaron su volumen de facturación. Cyes, en principio más modesta, multiplico por 15 su negocio en el mismo plazo.

El impulso de un negocio privado como el parque de ocio de Terra Mítica, que ahora intenta rentabilizar una gran multinacional estadounidense, coincidió con la institución de una comisión de racionalización del sector público dirigida desde el Palau de la Generalitat.

Privatizaciones

La comisión organizó en paquetes algunos suministros de la Generalitat para negociar precios a la baja y analizó el sector público para estudiar posibles privatizaciones. Pero el margen de maniobra era muy estrecho. Las empresas públicas nunca se habían concebido como negocio. Aunque algunas de reciente constitución si podrían llegar a interesar a operadores privados en el futuro, como la que explota el circuito de Cheste, por ejemplo.

Hasta la fecha, el plan de privatización se ha reducido a la cesión a operadores privados del servicio de Inspección Técnica de Vehículos.

Muchos inversores privados en el gran proyecto de ocio impulsado por Eduardo Zaplana participan en las sociedades que atienden el servicio de inspección de vehículos desde enero de 1998.

La Generalitat instó alianzas de socios tecnológicos con experiencia en el sector de ITV con empresarios valencianos entre 'los que son'.

Rafael Ferrando y la familia Quesada obtuvieron un lote en alianza con la Caja de Ahorros del Mediterráneo y Control ITV. La familia Cotino se hizo con otro en sociedad con Iteuve. Luis Batalla y José Lladró, a través de su yerno, se aliaron con Asistencia Técnica Industrial para participar en un tercer lote.

Un cuarto lote reunió a varios patronos valencianos con Aseguramiento Técnico de Calidad, entre otros, Federico Félix, Felipe Almenar, Arturo Virosque, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, o Javier Cotanda, empresario textil en Ontinyent.

La Unión Europea ha puesto en entredicho el proceso de privatización de las ITV. Pero los pleitos de ámbito comunitario no son precisamente ágiles. En cualquier caso, muchos empresarios valencianos ya han vendido su participación en el negocio.

La constitución de una sociedad pública para dotar las infraestructuras del entorno de Terra Mítica también es objeto de estudio por parte de la Unión Europea porque podría lesionar la libre competencia.