La unidad sindical en Santana se rompe tras convocar CC OO en solitario nuevas movilizaciones

El clima de tensión laboral en la plantilla de Santana Motor, en Linares (Jaén), ha motivado la ruptura de la unidad sindical que hasta ahora permanecía inquebrantable. Aunque los afiliados de CC OO y UGT coincidieron ayer en reanudar este lunes las negociaciones con el IFA para desbloquear el plan de acción de la factoría, las diferencias de matiz quedaron patentes al desmarcarse el sindicato ugetista de las movilizaciones convocadas en solitario por CC OO para pedir a la Junta que retire la regulación de empleo para 451 trabajadores.

Será hoy domingo, en todo caso, cuando los trabajadores de Santana decidan en asamblea una postura común ante el nuevo escenario planteado al forzar buena parte de los empleados al comité de empresa a dejar la negociación con el IFA hasta tanto no se suspenda el expediente de regulación para 451 empleos. Ayer, en dos asambleas celebradas por separado, los afiliados de CC OO y de UGT estuvieron de acuerdo en volver al diálogo con la dirección de la empresa, pero evidenciaron sus diferencias en la estrategia a seguir.

Así, unos 300 afiliados y simpatizantes de CC OO -sindicato mayoritario en Santana con 17 de los 24 delegados del comité de empresa- acordaron acompañar la reanudación del diálogo con el IFA con movilizaciones consistentes en concentraciones de trabajadores y vecinos ante las puertas de diversos organismos públicos, aún no concretados. El presidente del comité y miembro de CC OO, Juan Salazar, apuntó que se ha descartado por ahora un paro laboral en la factoría. Ahora bien, para ese sindicato es irrenunciable la retirada o suspensión del expediente de regulación de empleo para 451 de los 1.031 trabajadores y, de esta manera, que el pase al sector privado sea una decisión voluntaria en la plantilla, según subrayó Salazar.

Ambiente 'caldeado'

'Ha habido un espaldarazo a la posición del sindicato', manifestó tras la asamblea Juan Salazar, quien admitió que la reunión transcurrió en un ambiente 'muy caldeado'. Por su parte, otros 100 afiliados de UGT acordaron 'por mayoría' seguir negociando con el IFA aunque no se planteó ningún acto de protesta paralelo. 'Para nosotros es básico negociar las máximas garantías laborales y salariales para los trabajadores que van a pasar al sector privado toda vez que el expediente de regulación no se va a retirar', explicó el representante de UGT, Enrique Martínez.

En medio de este ambiente de tensión, el presidente de Santana, Salvador Durbán, ha remitido una carta a cada uno de los empleados de la compañía donde les advierte de las consecuencias 'irreversibles' para el futuro de la fábrica en caso de no llevarse a cabo el plan de acción pactado en febrero con los sindicatos. Durbán apela a la sensatez y responsabilidad de los trabajadores y los sindicatos y les anima a hacer 'los últimos esfuerzos' para buscar los puntos de encuentro de cara a la aplicación del plan de acción. La Junta ha ofrecido garantías económicas para los empleados que salgan de Santana y pierdan recursos económicos en sus nuevos puestos. Además, garantiza un empleo fijo en las nuevas líneas de negocio privatizadas a quienes abandonen la empresa matriz.

El presidente del comité de empresa, Juan Salazar, argumentó la petición de retirada de la regulación de empleo en el hecho de que 'la Junta de Andalucía no puede ser juez y parte del expediente'. Salazar anunció que el comité está preparando una alegación al expediente ante la Dirección General de Trabajo de la Administración Central, aunque reconoció que su resolución podría demorarse al menos un año. Además, aprovechando el periodo de consultas abierto desde que se presentó la regulación de empleo, el comité ultima un contrainforme en el que, entre otras cuestiones, se recuerda que aún no han entrado en servicio las nuevas empresas que asumirán las líneas privatizadas, que los balances anuales de la empresa no se han hecho efectivos, se alude al incierto futuro de los trabajadores contratados y se cuestionan otros preceptos legales 'que se están vulnerando', según afirmó el propio Salazar.