La fiebre de la sospecha política

Las comisiones de investigación, instrumentos para esclarecer las responsabilidades políticas en casos de supuestas irregularidades, están de moda. Sin tanto bombo como el que rodea al caso Gescartera, la política regional y la municipal está salpicada de peticiones de comisiones (18 en el Parlamento en el año y medio de legislatura y 14 en los ayuntamientos de capital en este mandato municipal).

Casi a la par que el escándalo de Gescartera comenzaba a afectar al Gobierno de José María Aznar, el PP andaluz presentó o anunció un puñado de comisiones de investigación, algunas ya en el olvido, como el incendio de este verano en el Parque de Cazorla.

Los socialistas han replicado que se trata de una estrategia del PP para armar ruido y recalcan la 'falta de coherencia' de los populares, quienes a la vez que piden las comisiones en el Parlamento, las rechazan en los ayuntamientos donde gobiernan. A continuación, se detallan las comisiones pedidas en este mandato municipal, que comenzó en 1999.

- Huelva. El PP, que gobierna con mayoría absoluta el Ayuntamiento de la capital, se ha negado en menos de un mes a la creación de tres comisiones de investigación solicitadas por la oposición sobre dos asuntos: el caso Isla Chica, por el que el alcalde, Pedro Rodríguez, está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y por la supuesta adjudicación a dedo de 11 plazas del Patronato Municipal de Desarrollo Local (PDL) a familiares de concejales y miembros del PP. También, el pasado verano, el equipo de Gobierno se negó a la apertura de una investigación sobre la supuesta adjudicación a dedo del alumbrado de las Fiestas Colombinas de Huelva, propuesta por IU.

- Cádiz. El PP ha rechazado recientemente en el Ayuntamiento de Cádiz una comisión de investigación que solicitó la oposición para que se aclarasen las asignaciones del concejal de Coordinación de Acción Municipal, Jorge Moreno, mano derecha de la alcaldesa Teófila Martínez. Martínez rechazó en un pleno esta comisión al sostener que no había 'nada ilegal', pero a cambio propuso investigar los sueldos de todos los concejales de la corporación. La oposición aceptó el envite de Martínez, quien rectificó días más tarde y dio marcha atrás en su anuncio de 'investigación para todos'.

En El Puerto de Santa María (Cádiz), la oposición ha forzado al gobierno, de Independientes Portuenses, a crear una comisión sobre el trámite que reguló el desarrollo inmobiliario de 1.300 viviendas en Valdelagrana.

- Sevilla. El Ayuntamiento de Sevilla ha constituido esta semana una comisión para investigar un supuesto caso de corrupción de dos funcionarios del área de Tráfico de los que se sospecha que recibieron, entre 1996 y 1999, diversos regalos de una empresa a la que se habían adjudicado obras de esta delegación. Hubo cierta polémica acerca de si la investigación se limitaba hasta 1999, cuando era alcaldesa Soledad Becerril (PP). Al final, la comisión tendrá manos libres para rastrear lo que estime oportuno.

- Jaén. El Ayuntamiento de la capital, gobernado por el PP, constituyó una comisión a raíz del caso Bariloche, sobre la paralización de un vial que debía atravesar la discoteca explotada por una empresa de la que fue socio el concejal de Urbanismo, Miguel Segovia. A regañadientes, los populares accedieron a crear la comisión el pasado mayo, pero ésta saltó por los aires apenas transcurridas dos sesiones por la negativa del PP a la comparecencia del principal implicado, Miguel Segovia, y pedir a cambio la presencia del secretario provincial del PSOE jiennense, Gaspar Zarrías. Tanto socialistas como IU abandonaron la comisión, pero el caso sigue pendiente de una investigación judicial. La oposición ha insistido después, sin éxito, en la creación de otra comisión sobre el caso Somuvisa, acerca de las presuntas irregularidades derivadas de la compra y venta de solares en el casco antiguo por parte de la empresa municipal de la vivienda, que preside también Miguel Segovia.

En la Diputación Provincial, es el PP el que acaba de solicitar una comisión para investigar las denuncias del que fuera supervisor de obras, el aparejador Gerardo Aparicio, que se negó a visar los expedientes de nueve obras municipales por existir presuntas irregularidades contables.

- Málaga. Desde que el PP ganó las elecciones municipales en Málaga, por mayoría absoluta, no ha aceptado ninguna de las siete comisiones de investigación que ha solicitado la oposición. Al poco de comenzar la legislatura, IU y PP exigieron que se investigaran las deficiencias que se habían producido en la construcción del Palacio de los Deportes de Málaga, que tuvo que cerrarse dos semanas después de su inauguración. La reparación costó 700 millones. En mayo de 1999, IU pidió que una comisión investigara la concesión de la construcción de unos aparcamientos a la empresa Vera, cuyo propietario había sido socio en varias empresas del gerente de la empresa municipal de Aparcamientos, que había participado en la adjudicación.

En septiembre de 1999, IU pidió una comisión para investigar la gestión económica y los beneficios de los socios privados en la sociedad mixta del cementerio de Málaga.

En diciembre de ese año, el PSOE solicitó una comisión para investigar el trato de favor que había recibido un ex concejal del PP, Federico Beltrán, quien teniendo ya expropiados unos terrenos (a falta de recibir el justiprecio) junto al Parque Tecnológico, consiguió en la modificación del PGOU que se le respetara su finca.

En junio de 2000, Izquierda Unida U reclamó la investigación de la gestión de la empresa mixta de limpieza Limasa, que había pagado una obra sin que se hubiera realizado. En abril de este año, los socialistas pidieron que se investigara por qué el hermano de Celia Villalobos se casó en la finca municipal de La Concepción, sin pagar por el uso del recinto. Finalmente, en mayo de 2001, el PSOE también pidió una comisión para esclarecer los contratos de mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, que no se correspondían ni en metros cuadrados ni en servicios con la realidad.

En Granada, Córdoba y Almería no ha habido solicitudes de investigación en este mandato municipal.