El concurso de Tussam plantea problemas legales y económicos

La fórmula anunciada el miércoles por la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, y el presidente de la Sociedad Metro de Sevilla, Alejandro Rojas-Marcos, para que el capital privado asuma los gastos de construir y explotar la línea 1 de metro y la Administración le compense después con una subvención provocó casi inmediatamente el rechazo de los trabajadores de Tussam, la empresa municipal de transportes urbanos de la capital hispalense.

Los estatutos de Tussam le atribuyen el monopolio de la administración y explotación de los transportes públicos urbanos. De ahí las quejas de los trabajadores, que fueron recogidas el jueves por el delegado de Transportes de Sevilla, Blas Ballesteros, quien aseguró que el Ayuntamiento haría alguna propuesta para incorporar a Tussam a la gestión del metro.

La fórmula de concesión administrativa pactada por Rojas-Marcos (PA) y Gutiérrez (PSOE) era conocida previamente por los máximos representantes del Ayuntamiento y la Junta. Y aunque Gutiérrez y Rojas-Marcos sólo precisaron que la cesión de la construcción y gestión recaería en una 'empresa', una 'concesionaria' o un 'grupo de empresas', también quedó claro que lo que se persigue con esta fórmula es captar 'recursos privados' y que, según este diseño, quedaría bajo control público 'la titularidad de las infraestructuras, el control de la gestión y el sistema de tarifas'.

Socio privado

El viernes, el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, anunció que Tussam optará a la concesión y sugirió que buscaría un socio privado para acudir al concurso. Esta posibilidad no se había barajado en los contactos previos, pero la consejera de Obras Públicas consideró que la participación de empresas públicas era posible y que Tussam podía hacer 'propuestas más competitivas que las privadas'.

El concurso de Tussam, sin embargo, plantea varios problemas. De un lado su situación financiera (recibe una subvención anual de 4.000 millones para enjugar su déficit de explotación) haría recaer la propuesta económica exclusivamente en el socio privado. Por otra parte, pondría en un brete a la Sociedad Metro de Sevilla, que tendría que decidir si es lícito que concurse una empresa, Tussam, que es enteramente municipal, cuando la mitad del capital de la sociedad corresponde al Ayuntamiento. Una posibilidad que, además, corre el riesgo de ser impugnada por otros concursantes.