La Junta estudia ceder también a empresas la gestión y construcción del metro en Málaga y Granada

La Consejería de Obras Públicas está dispuesta a extender el modelo que ha acordado con el Ayuntamiento de Sevilla para ceder a una empresa o grupo de empresas la construcción y gestión de la línea 1 de metro. 'Estamos estudiando como incluir esta fórmula en la negociación con los Ayuntamientos de Málaga y Granada', confirma la titular de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, quien, frente a las críticas de IU y PP, defiende la concesión administrativa como 'el mejor método' para comenzar las obras cuánto antes y garantizar el uso de esta forma de transporte. El Gobierno andaluz tiene previsto iniciar la construcción de las líneas 1 en Sevilla, Málaga y Granada en esta legislatura.

La fórmula acordada por Junta y Ayuntamiento de Sevilla para construir la línea 1 de metro ha sido poco ensayada en España y ha recibido fuertes críticas de IU y PP. 'Hemos cambiado el debate, ahora ya no se duda de que el metro se va a construir, se está discutiendo cómo', replica Gutiérrez, quien cree haber encontrado una salida al callejón en el que se había metido el proyecto.

El metro en Sevilla fue una de las promesas electorales eternas durante los años noventa. 'Lo que ha faltado aquí es compromiso financiero de las Administraciones', resume Luis Pizarro, portavoz municipal de IU. 'Con los objetivos de déficit cero en los presupuestos y las prioridades concentradas en políticas sociales es difícil encontrar recursos para estas obras', concede Gutiérrez.

Con la concesión administrativa, Ayuntamiento y Junta adjudican las obras de construcción y la explotación del metro a una empresa que repercute sus costes en el precio del billete. Las Administraciones compensarán entonces a la empresa mediante una subvención al billete, que así tendrá un precio social. El modelo permiten retrasar el gasto público y distribuirlo en varios años. 'Y garantiza que la viabilidad de la línea construida ya que cuantos más viajeros usen el metro, más rentable será para la empresa', asegura Gutiérrez.

La intención de Obras Públicas es acompasar las obras de las líneas 1 de metro en Sevilla, Málaga y Granada con la construcción de plataformas reservadas para transporte público que conecten con municipios de la zona metropolitana. Estas plataformas, que deben pasar por acuerdos con los Ayuntamientos afectados para reservar suelo, garantizarían (con autobuses o tranvías) el acceso de un importante número de viajeros al metro. En Sevilla, la línea 1 conectaría con la zona residencial del Aljarafe y los núcleos industriales de Dos Hermana y Alcalá de Guadaíra.

'Si se deja el metro en manos privadas peligra el interés general', advierte Pizarro. El portavoz municipal de IU cree que la concesión permitirá a la empresa 'imponer su criterio sobre el planeador urbano, al decidir los trazados más rentables'. Pizarro recuerda que cuando se han querido aplicar condiciones que no contaban con el beneplácito de las empresas 'han dejado los concursos desiertos, no son ONG'. El dirigente de IU también señala que en otras concesiones municipales (como los aparcamientos o instalaciones deportivas) 'la presión para subir la tarifa es enorme'.

Pizarro coincide con el portavoz del PP, Jaime Raynaud, en que la Junta debe aportar la mayor parte de la financiación para construir la línea y que Tussam, la empresa municipal de transporte, debe encabezar el consorcio que asuma la explotación. Una opción que requeriría una apuesta fortísima del Gobierno andaluz: la construcción de las tres líneas de metro y las conexiones metropolitanas necesitaría de un gasto anual de más de 40.000 millones, un tercio del presupuesto inversor de Obras Públicas.

'Las obras de metro las hacen los Gobiernos autónomos porque los gastos de construcción y explotación son muy altos y no pueden ser asumidos por ninguna empresa privada', aduce Raynaud. El Ministerio de Fomento prevé generalizar el modelo de concesión administrativa (usado en ramales de metro de Madrid y Barcelona) en una modificación de la Ley de Contratos Públicos, para atraer recursos de la iniciativa privada para infraestructuras. 'Pero sólo funciona cuando está garantizado un gran volumen de usuarios o cuando los gastos de explotación y mantenimiento no son muy altos, como en las autopistas', afirma el portavoz del PP.

PP e IU prevén además un escollo legal, que puede desembocar en un recurso contencioso-administrativo. La Ley del Metro de Sevilla de 1975 dice que 'la titularidad del servicio corresponde al Ayuntamiento, quien podrá explotarlo, una vez completada la superestructura por cualquiera de los medios de gestión directa'. Una disposición que , según la oposición, impediría ejercer la explotación directa a una empresa no municipal. Los servicios jurídicos de Obras Públicas, sin embargo, interpretan que la norma no excluye otras formas de gestión.