El Gobierno anticipa 815 millones a 45 damnificados de Tous en Carcaixent

Un grupo de 45 damnificados por la rotura de la presa de Tous en 1982 pertenecientes a la asociación de Carcaixent, que se repartirán un total de 815 millones de pesetas, van a ser los primeros beneficiados por la aprobación de un crédito extraordinario a cargo del último Consejo de Ministros. Pero restan por cobrar otros 320 afectados cuyos expedientes está remitiendo de forma paulatina el Tribunal Supremo al Ministerio de Medio Ambiente.

La medida, acordada ayer por el Consejo de Ministros, supone el inicio del cumplimiento de la resolución tomada después de que el alto tribunal condenara, en la primavera del año 1997, al Gobierno como responsable civil subsidiario por el hundimiento de la presa. El Ejecutivo ha retrasado su pago ante la ausencia de consignación presupuestaria según reconoció en un reciente escrito dirigido a la organización surgida en Carcaixent el año 1983, que decidió seguir la vía administrativa en lugar de la penal.

Medio Ambiente aseguró en la misiva a este colectivo que en los presupuestos del próximo año dotará una partida con unos 6.200 millones de pesetas para pagar las indemnizaciones pendientes. Una suma que excede en mucho a las previsiones de la organización, que cifra el total a percibir en unos 1.800 millones de pesetas, según reconoce su presidente Salvador Calatayud.

Entre los expedientes aprobados figuran compensaciones que van desde las 300.000 pesetas de un vecino de Carcaixent a los más de 150 millones que percibirá una empresa agroalimentaria de esta localidad de la Ribera Alta.

La asociación fue constituida por 1.500 asociados procedentes de Carcaixent, Alzira, Algemesí, Antella y Sumacárcer, justo un año después de las graves inundaciones sufridas por la comarca el 20 de octubre de 1982. Al contrario que otras asociaciones formadas en Alzira y Antella, que siguieron la vía penal, iniciaron su periplo mediante una reclamación administrativa al Ministerio de Obras Públicas, que les fue denegada así como el recurso de reposición. En el año 1986 decidieron presentar en el Supremo un contencioso administrativo que fijó la vista y su correspondiente resolución para el año siguiente. Pero una semana antes de la fecha fijada 'se jubiló el juez' que llevaba el caso, recuerda Calatayud, y su sustituto suspendió las actuaciones hasta que culminara la vía penal, que falló 10 años después.

Coincidiendo con el 15 aniversario de la pantanada, el Tribunal Supremo les reconoció su derecho a percibir el 100% de los daños declarados de los que había que descontar las compensaciones económicas satisfechas por la Administración a través de los dos decretos leyes promulgados en 1993 y 1995. Pero por el camino se quedaron un millar de afiliados 'por cansancio y por falta de confianza en la justicia', revela Calatayud.