Expediente a un fiscal y a una secretaria judicial por no comunicar el robo de sumarios en Marbella

Un fiscal sustituto y una secretaria judicial han sido finalmente los únicos trabajadores de los Juzgados de Marbella expedientados por el robo de sumarios. La Inspección de la Fiscalía General del Estado ha trasladado a la Fiscalía de Málaga un decreto de expediente por falta leve contra Ramón Luna por no comunicar a sus superiores la desaparición de sumarios. En el caso de Rosario Serrano, secretaria del Juzgado número 7 de Marbella, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprecia una falta grave por infidelidad en la custodia de documentos.

La decisión final de imponer o no una sanción a Ramón Luna, fiscal sustituto de Marbella, que sólo comunicó a la Fiscalía de Málaga la desaparición de sumarios después de que la noticia apareciera en la prensa el 10 de agosto, recae sobre el fiscal jefe de Málaga, Manuel Villén. La Inspección de la Fiscalía General del Estado, que dirige Juan José Martínez Zato, le ha remitido esta semana el resultado de la investigación que abrió en agosto. La Inspección considera que Luna puede ser responsable de una falta leve por no haber comunicado de inmediato a sus superiores el robo de sumarios, en un informe en que también se menciona la 'falta de diligencia' de la juez decana de Marbella, María Luisa de la Hera, y de la secretaria del Juzgado número 7, Rosario Serrano.

Serrano, que fue la primera persona en advertir, el pasado 19 de julio, la desaparición de sumarios, ha sido expedientada por la Sala de Gobierno del TSJA por falta grave, ya que la custodia de documentos en los juzgados es competencia del secretario judicial, informa A. V. García.

En cuanto a la investigación penal, el alcalde de Marbella, Jesús Gil, volvió a aportar datos del sumario desconocidos hasta ahora -las partes personadas no han tenido acceso al expediente hasta ayer, aunque la juez firmó el martes el auto de levantamiento del secreto de las actuaciones-. En un comunicado, Gil desveló que el número de archivos informáticos borrados asciente a 74. El alcalde aprovechó para volver a negar su implicación en el robo, anunció que intentará personarse en la causa penal y anunció 'acciones civiles y penales' contra quienes le han vinculado con la sustracción.

El viceconsejero de Justicia de la Junta, Jesús María Rodríguez Román, precisó que la mayoría de los borrados a los que alude Gil no están sujetos a la investigación 'porque se trata de borrados técnicos; es decir, archivos que no figuran como inexistentes, sino que han sido trasvasados a otros soportes o a otras carpetas por los funcionarios a quienes les correspondía hacerlo dentro del normal funcionamiento del juzgado'.

Román añadió que este listado se elaboró por los técnicos informáticos de la Junta a petición de los inspectores del CGPJ que se desplazaron a Marbella tras el robo, quienes, dijo, 'pidieron un listado de todos los archivos eliminados (definitivamente o con copias) desde el mes de mayo hasta la fecha del robo'.

Añadió que, de esos 74 archivos, sólo 16 se han incluido en la investigación penal, porque se borraron inicialmente sin dejar rastro -al buscarlos, el ordenador arrojaba la respuesta 'inexistente'-, si bien, más tarde, pudieron ser recuperados al existir una copia de seguridad en los servicios centrales de informática de la Junta.

Hasta ahora, los informes de los técnicos informáticos de la Junta, a los que ha tenido acceso este periódico, constataban la desaparición de 15 expedientes, y no 16. Pero la diferencia existente no es sólo numérica, porque la Junta reconoce ahora que también en el Juzgado número 5 hubo borrados informáticos, algo que hasta ahora se desconocía.

Fuentes del gobierno andaluz consultadas en este sentido aseguraron que en los ordenadores del Juzgado número 5 se eliminaron cinco archivos. Estos borrados se produjeron entre mayo y julio, pero, según estas mismas fuentes, no corresponden a ninguno de los dos sumarios de los que han desaparecido tomos en papel; el caso de la estatua rusa, relacionado con Gil, y el de tráfico de drogas a cuyos imputados culpa ahora el alcalde del robo. Según estos nuevos datos, el número de sumarios eliminados en el Juzgado número 7 asciende a nueve, y no 13 como se dijo en principio -todos referidos a Gil-. En cuanto a los borrados del Juzgado número 1, no hay variaciones; han sido eliminados dos archivos relacionados con Gil.

Por último, la juez tomó ayer declaración como testigo a la viuda del funcionario fallecido Francisco Calero.