Debate estéril

El debate sobre la política presupuestaria, que en otras legislaturas mantuvo la dignidad de una discusión de fondo sobre la política económica y la utilización de los recursos públicos, ha perdido altura de forma ostensible, hasta el punto de que la opinión pública parece, en buena parte, desinteresada en las cuentas del Estado. La incapacidad de este Gobierno para ofrecer información pública transparente y el exceso de maquillaje en las cuentas públicas son las razones principales que explican el desinterés de la ciudadanía y la convicción de los analistas de que los Presupuestos son papel mojado. Ésta es la situación anímica real del debate presupuestario, agravado en el caso de los Presupuestos para el año 2002 por el hecho, insólito en una democracia avanzada, de que las cuentas públicas se hayan presentado a la consideración de los parlamentarios sin cifras homogéneas con las de años anteriores, de forma que resulta imposible establecer juicios ciertos ni comparaciones adecuadas sobre lo que pretende hacer la Administración del Estado con el dinero de los contribuyentes.

Tal arbitrariedad tiene graves consecuencias. Por supuesto, degrada las prácticas democráticas de debate transparente de las cuentas públicas, y ése es un daño importante para la credibilidad parlamentaria; establece el peligroso precedente de que un Gobierno puede presentar, para debate público, las cuentas en los términos que le venga en gana, con cualquier pretexto plausible; impide que las afirmaciones categóricas del ministro de Hacienda defendiendo que 'éstos son los Presupuestos que necesita la economía española' para afrontar la crisis puedan ser contrastadas, y permite que el debate se desvíe hacia el caso Gescartera o trivialidades tales como si Rodríguez Zapatero estaba obligado a competir o no con Cristóbal Montoro.

Del enfrentamiento de monólogos durante la sesión parlamentaria del martes tan sólo cabe destacar la propuesta del portavoz socialista, Jordi Sevilla, de adelantar la nueva rebaja del IRPF, proyectada por el Gobierno para el año 2003, al año próximo. La propuesta es coherente con el análisis de política económica que plantea el PSOE, según el cual la variable que debe estimularse para mitigar la crisis es el consumo. En apariencia, tal adelanto tampoco debería constituir un problema insalvable para el Ministerio de Hacienda, salvo por una razón de peso: que la realidad de la economía española el año próximo va a ser bien diferente de la que pintan los Presupuestos. Ni el crecimiento se va a aproximar al 2,9% ni la creación de empleo llegará a los 267.000 puestos de trabajo prometidos, ni será fácil, a poco que desciendan los ingresos fiscales, alcanzar el santo Grial del equilibrio presupuestario.