Una experiencia en suspenso

La representación más generalizada del funcionario dibuja al trabajador público desde su condición de inmune al despido. En Andalucía, para alrededor de 3.500 personas haber trabajado más de una década para la Administración no se ha traducido en esa seguridad monolítica de su empleo. Y lo peor es que ellos, los funcionarios interinos, se barruntan que no la tendrán nunca.

El último empujón a su desánimo llegó hace pocos días con la noticia de que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había había elevado de nuevo una cuestión al Tribunal Constitucional sobre la convocatoria de oposiciones de la Administración andaluza en 1998. El Constitucional rechazó el pasado julio la cuestión original por un defecto de forma, ya que provenía de la Sala, cuando era la Sección Primera la que había visto el caso y, por lo tanto, la única autorizada a elevar la cuestión. Tanto la sala como la sección están presididas por Santiago Martínez Vares, quien también encabeza la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.

Este nuevo procedimiento obliga a revivir un capítulo de esta larguísma historia y tan sólo supone más espera. Más años de incertidumbre para el camino hacia la 'estabilización laboral de los interinos' que se diseñó entre los sindicatos y la Junta de Andalucía en 1996, cuyo desenlace estaba previsto con la convocatoria de oposiciones de enero de 1998 y que la citada sala del TSJA dejó en suspenso 48 horas antes de que comenzaran los exámenes.

Un grupo de representantes de los funcionarios interinos no dudaba ayer en calificar su situación de 'indefensión' y de sentirse desamparados en el ojo de una disputa 'política' que, a su juicio, se libra entre la Junta y el juez conservador. 'Nos parece sospechosa la decisión del TSJA', comenta Francisco Salgado, que entró en la Administración en 1987 y que ahora trabaja en archivos de la Consejería de Obras Públicas.

Rocío Luna -directora de archivos del Instituto Andaluz de Servicios Sociales y que trabaja en la función pública desde 1989, aunque ya tuvo un contrato en 1985- esgrime que los interinos han 'vivido la evolución de la Junta', ya que gran parte ingresó en ella a medida que la incipiente Administración autonómica necesitaba manos y cabezas para echar a andar.

Pero esta necesidad no se ha traducido en una solución eficaz para la estabilidad de estos trabajadores, que valoran la buena voluntad de la Junta, pero que no pueden más que criticar su falta de imaginación ante el problema.

Alrededor de un centenar de trabajadores interinos se integró plenamente el cuerpo de funcionarios en 1989. El acuerdo se alcanzó en 1986, pero sufrió varias dilaciones y finalmente lograron un puesto fijo en la Administración aquellos que habían comenzado a trabajar en la Junta antes de noviembre de 1988. La Junta llegó a tener cerca de 11.000 trabajadores interinos o eventuales, la mayoría de los cuales logró la estabilidad laboral en las sucesivas convocatorias celebradas a principios de los noventa. Pero quedó un problema: 3.500 interinos.

Estas personas pensaron que la solución había llegado tras el pacto de estabilidad laboral suscrito entre Junta y sindicatos en 1996. El acuerdo consistía básicamente en que la Junta convocaría un concurso oposición en el que se primaría la experiencia en la baremación de los exámenes. Por su parte, los interinos renunciaban a ocupar puestos de responsabilidad y bajaban a la escala básica para dejar libres sus puestos a funcionarios de carrera.

Manuel González asegura que en 1990 abandonó su puesto fijo en una empresa para hacerse cargo de la dirección de una residencia de tiempo libre de la Consejería de Empleo. Tras el acuerdo, González aceptó pasar a ocupar un puesto de administrativo en este departamento. Dice que su sueldo se redujo en 70.000 pesetas al mes, pero dio por bueno ese sacrificio a cambio de conseguir la estabilidad laboral. Pero no sucedió. González asegura que orilló su vida familiar dos años para preparar las oposiciones. Además pagó alrededor de 200.000 pesetas a un profesor (que luego resultó, dice, ser uno de los que recurrieron el concurso).

Isabel Segura recuerda que al socaire de la convocatoria surgieron academias ad hoc que cobraban más de 20.000 pesetas al mes a los que se preparaban para los exámenes. Segura, que entró en la Administración en 1985 y que llegó a ser asesora sobre inmigración, se lamenta de que su situación se percibe de manera errónea y que mucha gente cree que quieren ser funcionarios sin aprobar las oposiciones. 'La convocatoria era abierta y más de 16.000 personas habían superado el primer escollo (tres puntos)'. Además, estaba previsto que el 20% de los interinos se quedasen sin plaza.

Embrollos legales aparte, este colectivo, que empezó a articularse tras la suspensión judicial de las oposiciones de 1998, también está dolido con la actitud de los políticos. Recuerdan que en el debate de los presupuesto de este año, celebrado en diciembre de 2000, les prometieron que se crearía una mesa sobre su problema en la Cámara autonómica que nunca ha llegado a concretarse.

La Federación de Asociaciones de Interinos de Andalucía agrupa a la mayoría de los funcionarios que padece en esta situación. Cada uno de ellos paga una cuota de 500 pesetas al mes y, según aseguran, se han gastado ya más de siete millones en procuradores y abogados en los más de 200 procesos en los que se han personado.

Tras manifestarse muchas veces, colapsar el registro del TSJA con más de 1.000 currículos para demostrar su valía al que ven como un juzgado hostil, su estrategia se dirige ahora a que la menos les reconozcan salarialmente la antigüedad. La experiencia, su principal valor, también se enfrenta a trabas legales para materializarse en dinero. La Junta, por el momento, no quiere ni oír hablar del asunto. Batallas legales, enconos políticos o lo que sea, estas personas se sienten en un callejón sin salida. 'Ya no podemos competir con gente de 24 años, pero en experiencia y formación no nos gana nadie', sentencia Luna.