La Junta estudia enviar al Poder Judicial una queja sobre el TSJA

La Consejería de Justicia está estudiando presentar un escrito de queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, contra la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Sevilla. El departamento que dirige Carmen Hermosín entiende que algunas decisiones 'erróneas' de esta sección deben ser analizadas por el CGPJ.

Este escrito de queja llega después de conocerse que el Tribunal Constitucional había rechazado admitir a trámite una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el TSJA contra la Ley de Presupuestos de la Junta de 1998, en la que se incluía una baremación que primaba a los funcionarios interinos en la convocatoria de unas oposiciones. El Constitucional decidió el pasado 17 de julio no admitir a trámite la cuestión porque fue presentada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA en Sevilla en su conjunto (compuesta por más de 20 magistrados) y no por la sección encargada de dictar sentencia (cinco jueces).

Tras este defecto de forma, la sección primera presentó el pasado 19 de septiembre una segunda cuestión de inconstitucionalidad al alto tribunal. La sección no notificó el auto del Constitucional ni la presentación de la segunda cuestión a las partes personadas en el caso, algo que, en opinión de la Junta, debían haber hecho los magistrados de esta sección. Los servicios jurídicos de la Junta estiman que el TSJA debería haber abierto un nuevo periodo de alegaciones antes de presentar la segunda cuestión de inconstitucionalidad. Fuentes de la Junta señalan que esta misma sección suspendió un concurso-oposición para hacer funcionarios a personal laboral, una decisión que la Administración autonómica también cree errónea.

'No hay hechos nuevos'

Por contra, fuentes del TSJA destacaron ayer que no era necesario abrir un nuevo periodo de alegaciones ya que 'no hay hechos nuevos' en la causa. Estas fuentes precisaron que el Constitucional se ha pronunciado sobre una cuestión de forma, pero no sobre el fondo del asunto (si la baremación incluida en la Ley de Presupuestos vulneraba el principio de igualdad al primar a los más de 3.000 funcionarios interinos que se iban a presentar a las oposiciones convocadas por la Junta en 1998). Asimismo, precisaron que ha sido el Tribunal Constitucional el que 'tardado tres años' en pronunciarse sobre la primera cuestión planteada.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico consideran que lo procesalmente correcto es que el TSJA hubiese comunicado a las partes tanto el auto del Constitucional como la presentación de la segunda cuestión de inconstitucionalidad. Es más, un jurista sostuvo que era 'inexcusable' que el tribunal abriese un nuevo periodo de alegaciones ya que se trata de un asunto nuevo: las partes fueron oídas en la primera cuestión por la Sala de lo Contencioso Administrativo y no exclusivamente por la sección encargada de dictar sentencia. En opinión de este jurista, la Junta podría haber alegado que la segunda cuestión de inconstitucionalidad se presentó fuera del plazo para dictar sentencia y que éste retraso se produce por un defecto imputable al tribunal.