La recalificación de Jinámar suponía un quebranto para Canarias de 8.000 millones

Una orden firmada el 20 de marzo de 2000 por el entonces consejero canario de Política Territorial, Tomás Van de Walle, es la clave para entender el caso Jinámar, sobre el que el Consejo Consultivo de Canarias deberá pronunciarse hoy lunes. Por lo pronto, sus letrados ya han encontrado algún error administrativo, además de observar la posible existencia de un quebranto patrimonial a la comunidad autónoma valorado en 8.728 millones, al adjudicarse dos parcelas fuera del Plan Especial mediante una escritura pública firmada por un funcionario el mismo día en que Van de Walle cesaba como consejero para dar paso al Gobierno nacionalista actual.

La vía penal por las recalificaciones de Jinámar quedó abierta cuando el sucesor de Van de Walle en Política Territorial, Fernando González (de Ican-Coalición Canaria), entregó la semana pasado todo el expediente de este caso a la Fiscalía Anticorrupción, alegando malversación de caudales públicos, infidelidad en la custodia de documentos públicos, fraude y falsificación, todos ellos argumentos toscos y malévolos para Van de Walle.

La valoración de los letrados que integran el Consejo Consultivo coincide con la efectuada hace unos días por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias que aconsejaban la nulidad parcial de una orden de Van de Walle que adjudicaba dos parcelas a Promociones Hornera. Estas parcelas no pertenecen al Plan Especial del Parque Marítimo de Jinámar, son propiedad de la comunidad autónoma, están valoradas en 8.728 millones de pesetas y no contemplan uso comercial, sino botánico y deportivo. Los servicios jurídicos advierten que las dos adjudicaciones se hacen mediante escritura pública con fecha de 29 de enero de 2001 por un funcionario, el entonces jefe de los servicios jurídicos de Ordenación Territorial Oriental, Valeriano Díaz Castro.

Sin carácter de documento

Éste acude al notario Juan Alfonso Cabello para adjudicar las parcelas a Promociones Hornera, un proceso en el que no aparece la firma de Van de Walle. Los abogados del Consultivo entienden ahora que no existe un acto administrativo por el que se hayan realizado esas adjudicaciones, al entender que lo que hizo el funcionario fue una escritura pública que protocoliza un escrito que no tiene carácter de documento.

La orden que Tomás Van de Walle firma el 20 de marzo de 2000 reduce la edificabilidad comercial del Parque Marítimo de Jinámar de 125.000 a 85.000 metros cuadrados en terrenos de Telde (cuyo alcalde es de Ican-Coalición Canaria) y se aumenta hasta 152.000 metros cuadrados el uso comercial en terrenos de Las Palmas de Gran Canaria (cuyo alcalde, José Manuel Soria, es el presidente del PP en Canarias).

En las últimas semanas, distintos portavoces del Partido Socialista Canario-PSOE han afirmado que el caso Jinámar es un escándalo mayor que el de Gescartera y han culpado al consejero de Política Territorial de abrir una investigación sobre las actuaciones de su antecesor (Van de Walle) siguiendo instrucciones del alcalde de Telde. Los socialistas advierten de que el presidente del PP en Canarias está todavía inmaculado por este caso, a pesar de ser el gran beneficiario de la operación por la que finalmente la gran superficie de Eroski se instalará en su municipio. Los socialistas también apelan a que el presidente del Gobierno presente una cuestión de confianza o dimita antes de que el miércoles pronuncie ante el Parlamento de Canarias su discurso sobre el Estado de la Nacionalidad.