El difícil equilibrio entre la escuela pública y privada

La educación pública se siente amenazada. '¿Cómo vamos a competir con los centros privados de élite, si nuestras instalaciones se deterioran, se rompen cosas y no las podemos reparar?', se preguntan los responsables de los centros académicos de Alicante que detectan una 'desidia' generalizada por parte del PP hacia la enseñanza pública. El debate es constante y se repite curso tras curso.

Mientras tanto el 40% de los alumnos de secundaria continúa en centros de primaria, quedan por ejecutar decenas de nuevos institutos, los directores se quejan de los problemas financieros y de mantenimiento en los centros, y los profesores lamentan la precariedad laboral que sufren, ya que en algunos centros de Alicante todos los docentes son interinos eventuales. Una situación que contrasta con la oferta educativa privada, en la que los conciertos con la Administración del PP se consolidan.

La oposición y los sindicatos denuncian 'la desidia' con la que el actual gobierno de Eduardo Zaplana encara los problemas del sistema público educativo. En Alicante, por primera vez en este curso ha aumentado la matriculación en los colegios privados, pero se ha estancado en los centros públicos, según los datos aportados por la Administración en el último Consejo Escolar Municipal. 'No se pueden suprimir unidades de la [escuela] pública y conceder nuevas a la privada como se está haciendo en esta ciudad', denuncia Miguel Asensio, delegado de Fete-UGT, que pide una adecuada redistribución de los escolares y de la oferta educativa.

La polémica más voraz se generó hace dos cursos cuando el Consell adjudicó conciertos a 10 colegios privados de élite, los cuales cobraban a las familias matrículas que oscilaban entre las 40.000 y 50.000 pesetas al mes. El sindicato STEPV acusó al ejecutivo valenciano de haber congelado los gastos de funcionamiento de los centros públicos, ya que de 1995 a 1999 la dotación por alumno en el sistema público tan sólo aumentó 370 pesetas. Pese a estas denuncias de 'privatización encubierta' por parte de los sindicatos, la Consejería de Educación desmiente estas afirmaciones y asegura que con los datos oficiales el número de conciertos ha disminuido de las 5.139 unidades del curso 1995-1996, con el PSPV en el gobierno, a las 4.979 del curso 2001-2002.

Por su lado, la concejal socialista en el Ayuntamiento de Alicante Carmen Sánchez Brufal, advierte de que la integración de niños inmigrantes se 'está produciendo sólo en el sistema público', y que en los colegios privados 'apenas hay inmigrantes escolarizados'. El PSPV cree que una de las actuaciones pendientes del PP es la puesta en marcha de programas de integración para escolares inmigrantes.

Pero la falta de construcciones escolares es la situación más preocupante para alumnos, padres y profesores. Un problema que en Alicante tiene especial incidencia, ya que más de 10.000 alumnos iniciaron el curso en aulas prefabricadas y siguen en barracones. En las comarcas de la Marina Alta y Baixa, así como en L'Alacantí, se concentran las principales demandas en infraestructuras escolares para la adecuada aplicación de la LOGSE.

La próxima semana la empresa mixta Ciegsa [encargada de la construcción de los centros] licitará 15.000 millones de pesetas para la construcción de 20 nuevos centros escolares en la Comunidad. Durante este año está previsto que se construyan un total de 100 nuevos colegios, en 'la mayor apuesta educativa por la escuela pública que se recuerda', según indica un portavoz de la Consejería de Educación.

Manuel de Barros, secretario de Educación de la ejecutiva del PSPV, alerta sobre la 'delicada situación financiera' en la que se encuentra la Generalitat Valenciana, y se pregunta 'de dónde sacará el dinero el PP para construir estas escuelas'. Según el dirigente socialista sólo las grandes constructoras son las que pueden hacer frente a estas inversiones, y concluye que 'las construcciones que se anuncian son virtuales'.

Sin embargo, aunque el esfuerzo que se está realizando por parte de la Administración para la agilización de obras es considerable, la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública considera que llega tarde y que 'se ha perdido demasiado tiempo en el que la escuela pública se ha ido deteriorando y perdiendo peso y prestigio', comentó Manuel Parra, de CC OO en Alicante. El sindicalista incide en 'la tendencia privatizadora del PP', y resalta la 'desconfianza' de los responsables educativos hacia la LOGSE.

Mientras, el colectivo de directores de colegios e institutos incide en los problemas financieros que soportan cada mes. Los responsables de los centros denuncian que el dinero llega cada vez más tarde y las necesidades aumentan, ya que los centros envejecen curso por curso, y algunos de ellos están saturados. Los directores piden un incremento de las partidas de gasto en función de la antigüedad de los colegios.

Por otro lado, no hay que olvidar que la Consejería de Educación ha tenido, desde que Eduardo Zaplana preside el Consell, diversos responsables: Fernando Villalonga, Marcela Miró, Francisco Camps y Manuel Tarancón. Esta inestabilidad constante para el mundo educativo ha dificultado la negociación. Una situación de interinidad que se ha hecho sentir en el sistema público educativo, que ahora espera con ansiedad que durante este curso se agilicen las construcciones escolares y solucionen sus carencias. La Consejería de Educación declinó la invitación para participar en este debate.