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Un letrado del Síndic que trabajó con Blasco rechaza quejas sobre menores

La Fiscalía de Alicante sí detecta deficiencias y dice que el abogado es 'juez y parte'

El abogado Agustín Millet, que ha defendido durante años a los responsables de la dirección territorial de Bienestar Social en Alicante en un buen puñado de pleitos, ha participado desde su reciente nueva condición de letrado del Síndic de Greuges en la instrucción de varias quejas contra Bienestar Social por la situación del centro de menores de Alicante. En ninguna de ellas ha advertido irregularidades. Sin embargo, la Fiscalía de Menores de Alicante sí ha detectado deficiencias en la actuación de la consejería y sostiene que ese letrado es 'juez y parte'.

La Sindicatura de Greuges no aprecia irregularidad en las bajas decretadas por la Consejería de Bienestar Social de varios niños internados en el centro de acogimiento de L'Alacantí. Esta consideración contrasta frontalmente con la postura de la Fiscalía de Menores de Alicante, que no sólo ha observado 'deficiencias importantes', sino que ha requerido a la Administración autonómica para que las subsane.

El asesor jurídico que ha instruido la queja, Agustín Millet, ha sido durante años letrado de Bienestar Social en Alicante. Fuentes de la Fiscalía de Menores cuestionaron la capacidad del citado asesor ya que 'es juez y parte' en el asunto. Asimismo, mostraron su sorpresa ante la resolución emitida por el Síndic de Greuges. 'Es claro que la Administración no fomenta los acogimientos porque no destina dinero para ello, y tienen a los menores en centros durante tiempo'. 'Son muchas las deficiencias', denunciaron.

La Fiscalía archivó en julio una denuncia formulada por la Confederación General de Trabajadores (CGT) que acusaba a la dirección territorial de Bienestar Social de abandono de menores y prevaricación. Pese a que inicialmente el Ministerio Público no observó indicios de delito, sí detectó deficiencias importantes en la atención de los menores acogidos en el centro de recepción de L'Alacantí.

En el caso intervino el fiscal jefe de la Audiencia de Alicante José Antonio Romero, quien envió al consejero Rafael Blasco un informe, elaborado por la propia Fiscalía de Menores, en el que se detallan las anomalías observadas. Además, ha presentado una demanda contra la Consejería de Bienestar Social en un juzgado de primera instancia de Alicante por no proteger adecuadamente a los menores que están bajo su tutela. La medida fue adoptada a raíz de que tres adolescentes se amotinaran a finales de septiembre en el centro de recepción de L'Alacantí.

Pese a ello, el Síndic de Greuges contesta a las quejas elevadas por la CGT que la actuación de Bienestar Social 'ha sido razonable y adecuada'. Y ello a pesar de que la Administración permitió que el padre de un menor de 15 años mantuviera durante años la tutela del pequeño sin prestarle la asistencia material y moral necesaria. El niño, proviniente de una familia marginal y desestructurada y con una minusvalía de un 50%, permaneció ingresado seis años en el centro. El chaval, que fue entregado a su padre en febrero de 2000, se encuentra actualmente en un estado físico y psíquico deplorable, según la CGT.

El sindicato considera que la Administración debió declarar al menor en situación de desamparo, es decir privar de la tutela al padre, y cree 'improcedente' el cese de acogimiento residencial. Para el Síndic 'en este caso concreto no aparece pasividad por parte de la Administración'. No es menos sorprendente la respuesta del Síndic ante la queja referida a una menor que permaneció once años en el centro de recepción de L'Alacantí -la ley obliga a que los niños estén en estos centros el menor tiempo posible-. En este caso tampoco aprecia 'ninguna actuación incorrecta por parte de la Administración', a pesar de que la niña fue declarada en situación legal de desamparo para ofrecerle la posibilidad de ser adoptada por una familia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 21 de octubre de 2001