Opus dei y res pública

La transición política del franquismo a la monarquía parlamentaria dejó abiertas no pocas cuestiones capitales para la democratización del entramado institucional y de la vida de los ciudadanos. Uno de estos asuntos no terminados de resolver es la laicización del Estado, de las administraciones públicas. La Iglesia católica conserva, después de gobiernos de diferente signo, muchos de los privilegios obtenidos a lo largo de siglos de dominación reaccionaria, muy especialmente en el campo educativo, desde donde continua ejerciendo una gran influencia ideológica, social y política.

Apenas comenzado el curso, viene frecuentando los medios de comunicación la situación del profesorado de religión católica en los centros educativos públicos. El despido de unas profesoras a causa de su estilo de vida, en contra de lo que se ha querido dar a entender, no representa ninguna novedad, ni tan siquiera es un acto ilegal. De hecho, o mejor, de derecho, según la legislación vigente, no constituye un despido. Este indudable perjuicio causado a personas que venían trabajando para la Iglesia de Roma responde a la aplicación estricta de lo que el Estado español pactó con el Vaticano: los obispos presentan cada curso una lista con las personas que se han de ocupar de impartir doctrina católica en los centros públicos y el Estado tiene que limitarse a hacerles un contrato laboral y a pagar su salario.

A partir de este anacrónico privilegio -directamente heredado de la perfecta simbiosis entre jerarquía eclesiástica y régimen franquista- reconocido por el mismo Tribunal Supremo, pero inédito en el resto de Europa, casi todo es posible. Así pues, se considera profesorado de los centros públicos, a todos los efectos, personas encargadas de adoctrinar en la fe católica a niños y jóvenes. Nada diremos de estas enseñanzas puesto que no es ésta la cuestión. Como no responden de su trabajo más que ante su obispo, no han de pasar por ninguno de los procesos de selección o de provisión públicos. De la mano de la Iglesia, este profesorado entra directamente a los claustros y a los consejos escolares a participar de una enseñanza democrática que permite que se pueda hablar de todo y de todos, pero no de su cometido: el Estado paga y calla.

Hay que contar con esta reliquia del anterior régimen confesional para poder razonar cualquier salida que se quiera dar a los profesores de doctrina católica cuyo obispo no los considere 'idóneos'. Pero si ha de haber cierta coherencia democrática y jurídica, no será posible intervenir, para preservar lo que serían derechos laborales inalienables si se tratara de cualquier otra empresa, sin trastocar el convenio con la Santa Sede. Abordar la cuestión con el laicismo como condición, pasa por poner a la Iglesia católica -a todas las iglesias- al menos fuera del tiempo escolar, y al margen de la organización del servicio educativo. Todo ello sería perfectamente constitucional. También en la católica Italia se usan los colegios públicos para el mismo adoctrinamiento, pero cuando ya no queda nadie más que los fieles en las aulas y los pasillos. Por otra parte, si los obispos necesitan recurrir al pago de los servicios de quienes les hacen la misión, que lo hagan con su propia hacienda, con la ayuda de los fieles, y que contraten privadamente, y según el Estatuto de los Trabajadores. No temblaría ningún estatuto jurídico si la Iglesia fuera la patronal de sus catequistas. Ahora bien, la Iglesia católica no ha renunciado nunca a establecer exclusivamente la idoneidad de los propagadores de su fe. No aceptó a los curas juramentados durante la Revolución Francesa como no reconoce actualmente el ministerio del clero católico asimilado por el estado chino. Querrá, por tanto, que el estado continúe otorgándole unas prerrogativas no constitucionales para poder echar, sin contemplaciones, al personal si no le gusta su estilo de vida o su testimonio de fe.

Imposible encaje entre derechos democráticos y vida sobrenatural. Habrá que elegir. O continuará todo revuelto: opus dei y res pública.

Vicent Esteve es miembro del STEPV.