El decreto sobre caza aplaza la prohibición del uso de perdigones de plomo para aves acuáticas

El decreto que regulará la caza en Andalucía, que previsiblemente aprobará hoy el Consejo de Gobierno, paralizará hasta la próxima temporada cinegética la prohibición de utilizar perdigones de plomo en la caza de aves acuáticas. La restricción de esta munición en zonas concretas se recoge en un real decreto estatal, que entró en vigor el pasado 1 de octubre, para evitar la concentracion de plomo, un metal pesado contaminante, en áreas de gran valor ecológico. El decreto andaluz sustituye una orden autonómica de 1991, anulada por el TSJA.

La prohibición del uso de perdigones de plomo en la caza de aves acuáticas en los humedales, incluidos en el convenio internacional de Ramsar, entró en vigor el pasado 1 de octubre. Estas restricciones se recogen en el Real Decreto 581/2001, de 1 de junio, que pretende evitar la contaminación en esas áreas de alto valor ecológico de un metal pesado como el plomo. Los 110 humedales de Andalucía representan el 56% de la superficie ocupada por todos los humedales españoles, aunque sólo 11 están incluidos en la convención de Ramsar.

El decreto sobre caza que previsiblemente aprobará hoy el Consejo de Gobierno paralizará la prohición del uso de munición de plomo en la caza de aves acuáticas hasta la próxima temporada, ya que el decreto autonómico que entrará en vigor en pocos días coincide con la actual temporada cinegética ya en marcha. El calendario para la caza de aves acuáticas, según la Federación Andaluza de Caza, arranca a finales de octubre. Entre 10.000 y 12.000 cazadores practican esta modalidad.

El aplazamiento atiende en parte las demandas de los cazadores, que se quejan de la inexistencia de alternativas seguras para sustituir la munición de plomo por otros metales. 'Las alternativas de acero o bismuto son caras y, al ser menos maleables que el plomo, son menos seguras por su rebote', esgrime el secretario de la Federación Andaluza, Pedro Trueba.

El texto elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, que regulará la práctica de la caza en Andalucía, sustituirá en cuanto entre en vigor a una orden dictada en 1991 por Leocadio Marín, a la sazón consejero de Agricultura, que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El fallo judicial señalaba que la 'potestad reglamentaria está atribuida al Consejo de Gobierno en exclusiva' y que el entonces consejero se había excedido de sus competencias al dictar la norma. 'No se trata de un mero reglamento interno de la Consejería de Agricultura', recogía la sentencia.

La regulación sobre la caza compete ahora a la Consejería de Medio Ambiente, que ordenará una actividad en la que participan entre 180.000 y 190.000 personas, según la federación.

Las mayores críticas a la norma de Medio Ambiente proceden de Ecologistas en Acción. Su portavoz Joaquín Reina considera que el decreto 'no es un avance significativo' en la ordenación de la actividad que, a su juicio, 'ha pasado a ser comercial' y tiene 'repercusiones negativas' sobre el medio natural.