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La juez del 'caso Ertoil' interrogará en París al antiguo presidente de Elf

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, quien investiga las presuntas irregularidades cometidas en la venta de Ertoil a la empresa General Mediterranean Holding (GMH) en 1991, se desplazará esta semana a París, acompañada por el fiscal Anticorrupción Vicente González Mota, para interrogar al ex presidente de Elf Aquitaine, Loik Le Floch-Prigent.

La comisión rogatoria, formada por la juez, el fiscal adscrito al caso, algunas defensas y es probable que la acusación que ejerce Nueva Izquierda, tiene previsto interrogar el próximo día 18, en París, a Le Floch-Prigent, condenado a tres años y medio de cárcel por las comisiones ilegales pagadas por Elf.

Con su testimonio, la juez tratará de esclarecer la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por las irregularidades que se pudieron cometer en la venta de Ertoil. Los jueces franceses Eva Joly, Laurence Vichnievsky y Renaud van Ruymbeke, encargados de investigar las comisiones pagadas por la petrolera, enviaron a la Audiencia Nacional documentación sobre la venta de Ertoil de la que se concluía que en esta operación se pagaron 6.812 millones de pesetas en comisiones.

El expresidente de Elf publicó recientemente un libro en el que, entre otros, acusaba a varios ministros del actual Gobierno francés y al propio primer ministro, Lionel Jospin, de estar al corriente del sistema de pago de comisiones utilizado por Elf Aquitaine en sus operaciones en el exterior.

En su libro, Le Floch-Prigent menciona al intermediario español Daniel Busturia como el hombre que manejó comisiones por importe superior a los 1.400 millones de pesetas a raíz de la compra de Ertoil. Esa comisión, según el libro, fue destinada a 'personas próximas' al Gobierno de Felipe González.

La comisión rogatoria de la juez Palacios puede ser importante para que el fiscal llame a declarar como testigo al actual ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, quien formalizó la venta de Ertoil en 1991, después que el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, descartase citarlo como imputado.

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