España quiere interrogar ya a los 84 etarras presos en Francia

El ministro de Justicia, Ángel Acebes, aseguró ayer que España quiere aplicar de inmediato el acuerdo sobre entrega temporal de terroristas para que los jueces españoles interroguen a los 84 etarras encarcelados en Francia. Sin embargo, la plasmación de este punto del acuerdo franco-español firmado el jueves debe esperar a que se fijen los métodos, se cursen las peticiones de entrega y la justicia francesa decida sobre cada etarra encarcelado, algunos de ellos preventivos y otros ya condenados. Más fácil de aplicar será la entrega de los recién detenidos en Francia con un delito menor para que se les juzgue por delitos graves cometidos en España. Este punto puede aplicarse 'en teoría' a los jefes etarras detenidos desde 2000, según fuentes del Ministerio del Interior.

El texto del acuerdo de alto nivel firmado entre España y Francia en Perpiñán fue sometido ayer a diversas lecturas e interpretaciones. Durante su comparecencia en La Monlcoa tras el Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Ángel Acebes, abundó en la entrega temporal de etarras, no sólo para los detenidos, sino también para los ya condenados y encarcelados. 'Los que están cumpliendo ya condena en Francia, siempre que se cumplan los requisitos establecidos, podrán ser entregados por el mecanismo de entrega temporal para enjuiciarles en España y devolverlos para que sigan cumpliendo condena en Francia', señaló Acebes.

El mecanismo supondrá una agilización de los procesos judiciales abiertos en España, el cierre de líneas de investigación o la apertura de otras nuevas. No obstante, la entrega temporal 'todavía hay que desarrollarla', indicaron fuentes del Ministerio del Interior, que subrayaron que la decisión final de traer o no a un etarra 'siempre dependerá de los jueces y fiscales franceses, que revisaran caso por caso'.

Los departamentos de Justicia e Interior de Francia y España ya están manos a la obra para fijar los protocolos de entrega, los tiempos y otros detalles a fin de salvar los posibles escollos legales. En principio, las fuentes consultadas subrayan que siempre será más fácil la entrega de los 71 etarras (según los datos de boletín sobre presos vascos Etxera) que ya están condenados en firme, de los que diez son de nacionalidad francesa.

La pega está en los preventivos, ya que los jueces exigen más garantías y, además, inicialmente podría aplicarse a éstos el punto del acuerdo referido a las denuncias oficiales. Esta fórmula consiste en que los detenidos sean entregados al país en el que hayan cometido el delito mayor para ser juzgados, siempre que 'de forma separada y complementaria' también se les procese por el delito menor perpetrado en el Estado que efectúa la entrega.

El vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, subrayó que con este sistema se pretende acabar con el 'fraude a la justicia' que, a su juicio, cometen los etarras detenidos en Francia. Éstos suelen portar documentación falsa y un arma, un delito menor frente a un asesinato, de forma que son procesados en París por ello. Demoran así su extradición a España hasta que cumplen las condenas, de entre cinco a diez años de cárcel, según los agravantes o atenuantes, que la justicia francesa les suele imponer.

Fuentes de Interior subrayaron que como el acuerdo tiene carácter retroactivo 'en teoría' podría ser aplicado a los etarras detenidos desde 2000 que aún están pendientes de condena. En esta situación se encuentran otros 13 supuestos terroristas, dos de ellos franceses. En este grupo se encuadran varios miembros de la cúpula de la banda: Javier García Gaztelu, Txapote, ex jefe militar; Iñaki de Gracia Arregui, Iñaki de Renteria, o el más recientemente detenido Asier Oiartzabal Txapartegi, Baltza, jefe del aparato logístico de la organización terrorista.

Las fuentes consultadas precisan que Baltza y sus compañeros en la jefatura logística Oihane Errazkin Galdos, Brujilla; la histórica María Dolores López Resina, Lola, y Alberto María Ilundain Iriarte, Mollejas, podrían ser los primeros a los que se aplicaría la denuncia oficial para juzgarlos en España por todo lo que tienen. Pero Francia ya ha condenado a Baltza a cinco años y, además, la policía francesa le acusa de haber participado en el robo de explosivos en el polvorín de Plevin (Francia).

No es el caso, en cambio, de Vicente Goikoetxea Barandiaran, Willy, considerado uno de los máximos dirigentes del aparato político de la organización terrorista y en la actualidad miembro de su dirección, detenido el 7 de octubre. Está condenado en rebeldía a tres años de prisión en Francia, pero no tiene nada pendiente en España, a pesar de que estaba en lo más alto de la cúpula terrorista.

Interior y Justicia no tienen dudas de que el acuerdo tendrá su mayor efectividad con los nuevos detenidos y que el mecanismo de entrega por denuncia oficial puede convertirse 'en casi automático' una vez que estén perfectamente establecidos los protocolos, se hayan limado las asperezas y se extienda su uso entre los jueces y fiscales franceses, quienes tienen la última palabra. 'Aún hay que trabajar mucho, pero lo ya alcanzado era impensable hace dos años y supone para España un hito histórico', subrayan en Interior.