EE UU apela el fallo de la OMC contra las ayudas a la exportación

Bruselas reaccionó ayer con irritación a la decisión del Gobierno estadounidense de apelar el fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra su legislación sobre el controvertido sistemas de exenciones fiscales del que gozan sus empresas a través de las llamadas corporaciones de ventas en el extranjero.

La acción de EE UU supone la reapertura de una larga disputa con la UE y en un momento delicado, teniendo en cuenta que ambas potencias comerciales negocian a contrarreloj un acuerdo para lanzar una nueva ronda de liberalización del comercio mundial en la cumbre de la OMC en Doha (Qatar), prevista para celebrarse entre el 9 y el 13 de noviembre próximo. Cualquier roce puede empañar esas negociaciones, comentan los analistas.

Anthony Gooch, portavoz del comisario de Comercio europeo Pascal Lamy, declaró ayer que 'la decisión de EEUU había decepcionado a Bruselas, que creía que la OMC había juzgado con claridad y muy razonablemente el caso'. El representante de Comercio Exterior estadounidense, Robert Zoellick, indicó en un comunicado que se 'había decidido apelar, porque la decisión había sido un error'.

La OMC ha determinado en varias ocasiones que el trato fiscal aplicado en EE UU a las corporaciones de ventas en el extranjero es contrario a las normas de esta institución. La OMC falló en contra de EE UU en agosto pasado, después de que el Congreso estadounidense hubiera modificado en parte la legislación, aunque de una forma que no fue satisfactoria ni para la OMC ni para Bruselas, que consideran que el sistema encubre un subsidio ilegal a las exportaciones.

Táctica para ganar tiempo

La mayoría de los analistas consultados considera que la decisión de EE UU de apelar busca ganar tiempo, ya que le da dos meses más de plazo antes de que la UE pueda comenzar a imponer sanciones. Washington debía decidir si apelar o no antes del 19 de octubre. El montante de las sanciones con las que amenaza la UE asciende a 4.450 millones de euros.

La disputa comercial se remonta a noviembre de 1997, cuando la UE presentó una demanda ante la OMC por considerar que esa legislación estadounidense suponía subsidios encubiertos, porque, aunque las empresas establecidas fuera del territorio estadounidense no necesitan exportar para lograr una reducción de impuestos, las que están dentro no lo consiguen si no es exportando.

El régimen, del que se benefician compañías como el fabricante de aviones Boeing o el gigante del sector informático Microsoft, permite a estas compañías ahorros de entre el 15% y el 30% si exportan a través de las corporaciones de ventas en el extranjero (FSC, según sus siglas en inglés). Las FSC suelen estar establecidas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes, Barbados o Guam.