El PP de Alcalá acusa al alcalde de querer instalar 12 cámaras en las calles para controlar el gamberrismo

El grupo municipal del PP en Alcalá de Henares ha acusado al equipo de gobierno (una coalición PSOE-IU) de vulnerar el derecho a la intimidad de los vecinos del casco histórico con la futura instalación de 12 cámaras de videovigilancia en los accesos peatonales. El PP considera que estas cámaras serán instaladas para evitar actos de gamberrismo, 'pero también grabarán, por ejemplo, parejas de enamorados, y todo el mundo tiene derecho a su intimidad', según Jesús Domínguez, portavoz de este grupo.

El plan de peatonalización diseñado por el Ayuntamiento incluye, según Domínguez, la colocación de cámaras junto a los bolardos periscópicos para impedir, además, el acceso a determinadas zonas del casco urbano. 'Dudamos de que esta medida sea legal, se está intentando justificar con la peatonalización lo que podría ser un atentado contra la intimidad de los vecinos', dijo.

El portavoz popular añadió: 'Con la instalación de cámaras, lo único que se consigue es convertir a los vecinos del centro en prisioneros'. El edil asegura que, si los informes que han encargado a los servicios técnicos determinan que la instalación de las cámaras de seguridad atenta contra la intimidad de las personas, el PP está dispuesto a acudir a los juzgados.

El edil de Seguridad Ciudadana, el socialista Francisco Collado, replicó a Domínguez que la instalación de las cámaras servirá para controlar el acceso de los residentes y de los vehículos de carga y descarga, informa F. J. Barroso. 'Las cámaras', explicó Collado, 'enfocarán directamente a las barreras de entrada a la zona, y la Policía Local sólo tendrá esa visión para resolver posibles problemas. Los servicios jurídicos municipales están estudiando si esta instalación requiere solicitar alguna autorización gubernativa'.

El control policial de cámaras en la vía pública necesita aprobación de la Delegación del Gobierno y de la Comisión de Garantías de Videovigilancia. El único municipio que lo ha solicitado hasta ahora, tras la entrada en vigor de la Ley de Videovigilancia, ha sido Majadahonda, cuyo alcalde, Ricardo Romero de Tejada, del PP, intentó el año pasado poner 12 dispositivos en la Gran Vía para luchar contra la inseguridad. La Delegación del Gobierno desautorizó el plan porque podía violar las libertades de los ciudadanos.