PP y ERC obligan al Gobierno a publicar cada año la lista de asesores

El Parlament aprobó ayer por unanimidad dos proposiciones no de ley presentadas por el Partido Popular (PP) y Esquerra Republicana (ERC) que obligan a la Generalitat a publicar anualmente las listas de sus asesores y actualizarlas cada tres meses, con el objetivo de realizar un control sobre la contratación de personal eventual y la carga económica que estos puestos de trabajo suponen para la Administración catalana. Igualmente, la Generalitat deberá publicar la relación de puestos de trabajo de funcionarios y personal laboral.

La portavoz parlamentaria del PP, Dolors Nadal, recordó la existencia de un decreto de la Generalitat de 1997 que obliga al Departamento de Gobernación a hacer públicas estas listas a través del Diario Oficial de la Generalitat. Según Nadal, hasta el pasado verano la relación de puestos de funcionarios y personal laboral no se había publicado desde octubre de 1998 y la de personal eventual no se ha hecho pública en 20 años.

Nadal denunció la 'opacidad absoluta' existente sobre el número de asesores que tienen los diferentes departamentos de la Generalitat y reclamó que 'se cumpla la ley' con la intención de conocer el número de 'asesores especiales' y su ubicación en los diferentes departamentos.

En la propuesta del PP se alerta de la 'creciente proliferación' de asesores en los últimos años y de las 'dificultades' para saber qué trabajo se les encarga.

Aumento retributivo

Por su parte, el portavoz de ERC, Joan Ridao, denunció la 'creciente politización' de la Administración de la Generalitat al recordar que en los últimos dos años el número de altos cargos ha aumentado, según sus datos, el 35% y su nivel retributivo en un 10%, lo cual origina un impacto económico de 3.325 millones de pesetas.

Ridao reprochó al Gobierno catalán la opacidad existente en torno al número de asesores, a pesar de que el diputado republicano hizo públicas hace unos meses listas con nombres y sueldos de cargos de confianza de la Generalitat, y denunció la creación de 'puestos y retribuciones a medida' que superan las previsiones legales.

Ante tales manifestaciones, el diputado de CiU, Rafael Hinojosa, consideró 'poco ético someter a debate la totalidad de la función pública' y reconoció los retrasos del Gobierno catalán en la publicación de las relaciones de puestos de trabajo.

El diputado del PSC Josep Maria Rañé considera que la falta de publicidad sobre el número de asesores recuerda al 'cuento de Blancanieves', en el que 'la madrastra rompe el espejo porque no le gusta lo que ve'. Por ello, Rañé recordó al Gobierno que la transparencia 'consiste en enseñar incluso si el resultado no es de nuestro agrado'. Igualmente, el presidente del grupo parlamentario de IC-V, Rafael Ribó, reclamó la publicación de las listas de asesores por 'transparencia y respetando los principios de intimidad'.