El Parlamento rechaza por tercera vez una propuesta de ley del PP sobre fundaciones

La negativa de ayer fue la tercera. La Cámara autonómica (PSOE, PA y Grupo Mixto) volvió a rechazar la toma de consideración de la proposición de ley de Fundaciones del PP, que ya había corrido igual suerte en 1997 y 1998. El Consejo de Gobierno mostró su criterio contrario a la tramitación del proyecto con el argumento de que la Consejería de Justicia y Administración Pública ya tiene listo un anteproyecto sobre la misma materia, además de detectar varias 'imprecisiones'. En lo que va de legislatura, la mayoría para parlamentaria ha desestimado siete proyectos de ley del PP.

El refrán no se cumplió, y la tercera intentona de 'colar' la proposición no de ley de Fundaciones registró un nuevo rechazo de la Cámara. Como los argumentos fueron casi los mismos que en las ocasiones anteriores, la explicación del proyecto, que corrió a cargo del popular Eugenio Gonzálvez, no suscitó ni siquiera un turno en contra de los portavoces, quienes se limitaron a dejar constancia de su posición con una brevedad inusual en una iniciativa de estas características. En síntesis, el proyecto de ley del PP propone crear un registro único de fundaciones y también un sistema de protectorado único, además de establecer sus condiciones jurídicas, régimen patrimonial y ámbito de actividades.

Gonzálvez justificó la obstinación de su grupo sobre la propuesta en la necesidad de cubrir la 'laguna' en materia de fundaciones en Andalucía y en la tardanza del Ejecutivo autonómico para regular este campo, pese a que Manuel Chaves se comprometió en 1996 a presentar una ley en la legislatura pasada. Precisamente el criterio contrario del Gobierno se apoya en que ya tiene listo un anteproyecto que se encuentra en proceso de tramitación.

El portavoz socialista, José Antonio Marín Rite, rebatió que el retraso del proyecto del Ejecutivo sea una razón para llevar por tercera el mismo texto actualizado al Parlamento, ya que esta demora no ha causado ningún perjuicio porque la ley estatal sobre Fundaciones (de 1994) tiene un 'extraordinario' contenido básico, que permite su desarrollo sin especiales problemas, 'lo cual no quiere decir que no haya campo para hacer una ley andaluza, de la que soy partidario', puntualizó. Marín Rite recordó que desde que se aprobó la normativa estatal, sólo seis comunidades tienen regulación propia, y de reciente elaboración: 'Es decir, no se ha considerado una prioridad porque existe un marco de actuación básica y amplia'.

El socialista reconoció el 'esfuerzo de carácter constructivo' de los populares para elaborar un proyecto de ley y, aunque dijo que los Gobierno prefieren hacer su norma propia desde la mayoría, se mostró convencido de que 'el esfuerzo no será inútil, ya que constituirá una aportación importante para sacar una buena ley'.

Francisco Ríos, de Izquierda Unida, que respaldó la tramitación de la proposición, calificó de 'penosos' los argumentos del Gobierno para mostrar su criterio contrario. No obstante, fue el único que entró en el fondo del texto al echar en falta mecanismos que eviten lo que IU teme que acaben siendo determinadas fundaciones: 'Una puerta falsa para la privatización de los servicios públicos fundamentales'. Ríos dijo que las administraciones están ya practicando la 'dejación' en determinadas áreas, entregando a las organizaciones religiosas y las ONG la cobertura se servicios que deben ser públicos. Y afirmó que en el texto no queda claro, además, que fundaciones que nacen sin ánimo de lucro no se puedan transformar al final en un negocio o sirvan únicamente para evadir impuestos.

El portavoz del PA, José Calvo, se limitó a objetar que el proyecto popular es una copia de la ley estatal que no se adecua a la realidad andaluza, así como que el único propósito del PP es 'erosionar' al Gobierno. Pedro Pacheco, del Grupo Mixto, hizo un análisis jurídico de la proposición en el que puso de manifiesto la enorme similitud con la norma estatal y su posible inconstitucionalidad, lo que, a la postre, podría incurrir en una situación de inseguridad jurídica.

La proposición de ley de Fundaciones es la séptima iniciativa de este tipo del PP que, en lo que va de legislatura, ha rechazado la mayoría parlamentaria. Las otras son Carreteras, Agencia contra la Drogodependencia, Innovación y Desarrollo, Inventario de Espacios Naturales, Consejo Audiovisual de Andalucía y Promoción de la Juventud.